{"id":36764,"date":"2026-10-09T12:29:56","date_gmt":"2026-10-09T15:29:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/argentina\/?p=36764"},"modified":"2026-10-09T12:53:54","modified_gmt":"2026-10-09T15:53:54","slug":"la-demanda-por-la-ley-de-glaciares-acompanada-por-850-000-personas-aun-espera-respuesta-de-la-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/argentina\/story\/noticias\/la-demanda-por-la-ley-de-glaciares-acompanada-por-850-000-personas-aun-espera-respuesta-de-la-justicia\/","title":{"rendered":"La demanda por la Ley de Glaciares, acompa\u00f1ada por 850.000 personas, a\u00fan espera respuesta de la justicia"},"content":{"rendered":"\n

Buenos Aires, 8 de octubre de 2026<\/strong>.- El 5 de mayo, Greenpeace, la Fundaci\u00f3n Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociaci\u00f3n Argentina de Abogados\/as Ambientalistas (AAdeAA), junto con asambleas y organizaciones territoriales de todo el pa\u00eds, referentes sociales y cientos de miles de personas, presentaron una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del Juez Juan Jos\u00e9 Baric, para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares.
La magnitud del reclamo fue in\u00e9dita: se reunieron m\u00e1s de 850.000 adhesiones a la demanda en menos de dos semanas, provenientes de todo el pa\u00eds. Esa movilizaci\u00f3n expres\u00f3 un reclamo social masivo para defender los glaciares y el agua frente a una reforma que elimin\u00f3 su protecci\u00f3n real.<\/p>\n\n

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\u00a9 Greenpeace \/ Daniel Beltr\u00e1<\/div><\/figcaption><\/figure>\n\n


Cinco meses despu\u00e9s de presentada, la demanda colectiva por la Ley de Glaciares y el pedido para frenar la aplicaci\u00f3n de la reforma sigue sin respuesta de fondo por parte de la justicia.<\/p>\n\n

Con la demanda, se solicit\u00f3 una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la regresiva reforma en todo el pa\u00eds mientras se resuelve la cuesti\u00f3n de fondo y evitar que, durante ese tiempo, se dicten autorizaciones o avancen proyectos capaces de producir da\u00f1os irreversibles sobre los cuerpos de los glaciares y las cuencas.
Mientras esa respuesta segu\u00eda pendiente, el riesgo dej\u00f3 de ser una advertencia te\u00f3rica. El 16 de junio, el Gobierno nacional aprob\u00f3 el ingreso al RIGI del proyecto minero Vicu\u00f1a, en la provincia de San Juan. En la zona de intervenci\u00f3n est\u00e1 el Glaciar GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares. Frente a ese hecho, el 23 de junio las organizaciones realizaron una nueva presentaci\u00f3n judicial, que advert\u00eda la urgencia del caso, y solicitaron una medida cautelar espec\u00edfica para impedir que ese glaciar pueda ser retirado del Inventario mientras se resuelve la causa. Ese pedido tampoco recibi\u00f3 una respuesta.<\/p>\n\n

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Reci\u00e9n hoy, 8 de octubre, m\u00e1s de cinco meses despu\u00e9s de presentada la causa, el Juzgado se declar\u00f3 competente para intervenir. En la misma resoluci\u00f3n, y con excesivo rigor procesal, el juez Juan Jos\u00e9 Baric cuestion\u00f3 distintas presentaciones de referentes, asambleas y organizaciones que acompa\u00f1an esta acci\u00f3n, entre ellas las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares, y referentes de la Asamblea de J\u00e1chal. Estas observaciones podr\u00edan dejar fuera del proceso a referentes y organizaciones que forman parte del reclamo colectivo, incluso a personas directamente vinculadas con la defensa de la Ley y de los territorios afectados. Esto resulta especialmente preocupante en una causa que naci\u00f3 y se sostiene justamente por su car\u00e1cter colectivo y por la participaci\u00f3n de comunidades de todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n

A m\u00e1s de cinco meses del inicio de la demanda, la causa contin\u00faa hoy sin avances sustanciales. Existe un silencio absoluto sobre las medidas cautelares que se solicitaron. Lo que por su naturaleza urgente requer\u00eda una respuesta r\u00e1pida, en el Juzgado del juez Baric lleva ya casi medio a\u00f1o.<\/p>\n\n


El escenario es de especial preocupaci\u00f3n porque, pese al tiempo transcurrido y a la presentaci\u00f3n de dos pronto despachos, el juzgado a\u00fan no se ha expedido sobre las medidas urgentes solicitadas. Esta demora no puede analizarse al margen de los principios de prevenci\u00f3n y precauci\u00f3n, que en materia ambiental exigen una respuesta judicial oportuna y proactiva de la justicia frente a la existencia de riesgos que pueden derivar en da\u00f1os irreversibles que, adem\u00e1s, comprometen derechos de incidencia colectiva. <\/p>\n\n

La regresiva Ley 27.804 sigue vigente y el proyecto Vicu\u00f1a ya fue incorporado al RIGI. En la presentaci\u00f3n judicial, las organizaciones advirtieron que, si el Glaciar GE110 perdiera su protecci\u00f3n antes de una sentencia, podr\u00edan consolidarse hechos consumados y la decisi\u00f3n judicial llegar cuando el da\u00f1o ya estuviera hecho.<\/p>\n\n

M\u00e1s de 850.000 personas acompa\u00f1aron este reclamo. Despu\u00e9s de m\u00e1s de cinco meses, esta primera definici\u00f3n procesal no alcanza. La causa tiene que avanzar sobre su cuesti\u00f3n central: la constitucionalidad de una reforma que debilit\u00f3 la protecci\u00f3n de los glaciares y el agua. Y mientras eso se resuelve, las medidas cautelares deben ser tratadas con la urgencia necesaria para evitar que la respuesta judicial llegue cuando el da\u00f1o ya sea irreversible. <\/p>\n\n


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