Por Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace

El aluvión que afectó a Las Condes el jueves 8 de octubre y las inundaciones y remociones en masa que golpearon a la Región de Coquimbo en julio pasado tienen características distintas, pero plantean dos preguntas que Chile no puede seguir postergando: ¿qué pudimos hacer para reducir sus consecuencias y por qué la respuesta del Estado parece avanzar a distintas velocidades dependiendo del territorio afectado?
En Las Condes, el Gobierno decretó zona de catástrofe un par de horas después de decretada la emergencia; una decisión correcta y necesaria para movilizar recursos y atender a las familias damnificadas. En Coquimbo, en cambio, la declaración llegó varios días después, pese a los graves daños que ya enfrentaban distintas comunidades y las reiteradas demandas de las autoridades locales al poder central. Es, sin duda, una comparación odiosa, pero necesaria para exigir que el mismo sentido de urgencia mostrado en la capital exista en todas las regiones del país.

Ambos episodios nos recuerdan que los desastres son socionaturales, porque en ellos confluyen las condiciones geográficas y climáticas con las decisiones humanas. La intensidad de las lluvias o las características del terreno pueden explicar el origen de un aluvión, pero no necesariamente la magnitud de sus consecuencias, donde también influyen la ocupación de zonas de riesgo, la degradación de los ecosistemas y, sobre todo, las medidas de prevención que se tomaron o que quedaron pendientes.
Tras el aluvión en Las Condes, Senapred explicó que el fenómeno fue tan repentino que no hubo tiempo para anticiparlo ni activar una evacuación preventiva. Es una explicación que, más que cerrar la discusión, debiera abrir nuevas preguntas: ¿con qué herramientas cuenta hoy el Estado para anticipar estos riesgos?, ¿qué tecnologías, estudios y capacidades científicas necesitamos fortalecer para advertir oportunamente a las comunidades? No se trata de exigir que podamos predecir cada desastre, sino de preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible para reducir sus consecuencias y si hemos aprendido de las emergencias anteriores.
Estas preguntas adquieren especial relevancia cuando observamos los distintos tiempos de respuesta en estas dos catástrofes, y más aún cuando el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción del 59% en los recursos destinados específicamente a Cambio Climático y la NDC. En un país donde los eventos extremos representan una amenaza creciente, resulta contradictorio debilitar las capacidades de adaptación que necesitamos fortalecer. Porque la seguridad de las personas no solo depende de la rapidez con que el Estado reacciona después de una catástrofe, sino también de cuánto está dispuesto a invertir para anticiparla y prevenirla, independientemente del territorio donde ocurra.
La protección de las personas no puede depender de su comuna, de su condición socioeconómica ni de la visibilidad mediática de una emergencia. Si algo deberían enseñarnos Las Condes y Coquimbo es que la seguridad también se construye antes de las catástrofes, con planificación, inversión y decisiones oportunas. Un Estado que llega rápido después del desastre, pero demasiado tarde para prevenirlo, sigue teniendo una deuda con sus ciudadanos.


