El pasado 26 de febrero, el Poder Judicial suspendió temporalmente la aplicación de la NOM-051, sobre etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas. Lo que se puso en juego con esta decisión judicial es el derecho de las personas a gozar de información sobre lo que consumen.
El etiquetado frontal fue un logro de la sociedad civil organizada, instituciones de salud, academia y organismos internacionales, quienes empujaron esta iniciativa en el Congreso para contribuir a disminuir la diabetes y la obesidad producida por el consumo de alimentos saturados en nutrientes e ingredientes que podrían resultar dañinos para la salud.
Sin embargo, las corporaciones, agrupadas en la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), argumentaron que hubo omisiones por parte de las autoridades durante el proceso, como que no se tomó en cuenta la evidencia científica, los estudios y los compromisos internacionales para su elaboración. Así obtuvieron la suspensión y, con ello, el retraso en la implementación del etiquetado.
Desde Greenpeace consideramos que esta decisión pone en riesgo la salud de las personas mexicanas, especialmente de la infancia.
El proceso de discusión de la Nom-051 fue un proceso totalmente transparente del la cual la industria también formó parte. Por lo tanto, el rechazo de las corporaciones es en realidad una oposición de la industria a la información y a la salud de la población. Todo esto a favor de intereses económicos y a costa de la salud de sus clientes.
En Greenpeace respaldamos la postura de Alianza por la Salud Alimentaria, de la que somos parte, quien afirma que esta acción por parte de la industria es un verdadero atentado al derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Impedir que una medida que ampliará los derechos de las personas puede interpretarse como una oposición a que las personas disfruten del más alto nivel de la salud.
La Alianza asegura que esta misma estrategia fue la que empleó la industria para oponerse a la regulación de comida chatarra en las escuelas.
En próximos días se definirá si se otorga la suspensión definitiva, esto significa una oportunidad para que la jueza Séptima de Distrito, Laura Gutiérrez Romo, actúe a favor de los derechos de las personas, ser transparentes y no atender únicamente a los intereses de las empresas.
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