{"id":9326,"date":"2020-12-06T12:36:52","date_gmt":"2020-12-06T17:36:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.greenpeace.org\/mexico\/?p=9326"},"modified":"2025-06-28T00:07:51","modified_gmt":"2025-06-28T05:07:51","slug":"regresion-legislativa-en-el-senado-contra-el-derecho-al-medio-ambiente-sano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.greenpeace.org\/mexico\/informacion-prensa\/9326\/regresion-legislativa-en-el-senado-contra-el-derecho-al-medio-ambiente-sano\/","title":{"rendered":"Regresi\u00f3n legislativa en el Senado contra el derecho al medio ambiente sano"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Propuesta de reforma constitucional regresiva y violatoria de derechos humanos.<\/strong><\/li><li><strong>Quita el rango constitucional del principio de \u201cquien contamina, paga\u201d<\/strong><\/li><li><strong>Organizaciones demandan parlamento abierto.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n<p><strong>Ciudad de M\u00e9xico, a 6 de diciembre de 2020.-<\/strong> El jueves 3 de diciembre, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda dictaminaron y avalaron reformar el p\u00e1rrafo quinto del art\u00edculo cuarto&nbsp; de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica relativo al derecho humano a un medio ambiente sano, alertaron investigadores y diversas organizaciones de la sociedad civil.&nbsp;<\/p>\n\n<p>Para las organizaciones es preocupante que con esta reforma se busque diluir la responsabilidad del Estado de garantizar la protecci\u00f3n del medio ambiente, y que \u00e9sta recaiga en la sociedad. Se\u00f1alaron tambi\u00e9n que la modificaci\u00f3n plantea un espaldarazo a la industria en contra del derecho al medio ambiente sano y demandaron imperativo que se abra un debate sobre el tema en parlamento abierto.<\/p>\n\n<p>La exposici\u00f3n de motivos de la propuesta de modificaci\u00f3n al p\u00e1rrafo 5\u00b0 del <strong>Art\u00edculo 4\u00b0constitucional <\/strong>busca \u201creconocer al planeta como un ente de derechos, procurando su bienestar sobre cualquier actividad humana o inter\u00e9s econ\u00f3mico\u201d. No obstante, el decreto final propuesto del documento incluye conceptos err\u00f3neos, e incluso regresivos, que debilitan el precepto constitucional.<\/p>\n\n<p>La propuesta a votarse en el Pleno del Senado el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles 9 de diciembre se\u00f1ala que \u201ctodas las personas tienen derecho a un medio ambiente sano que contribuya al cuidado del Planeta y a garantizar la coexistencia de todos los sistemas de vida. Corresponde al Estado y a la sociedad, conservar, restaurar, desarrollar sosteniblemente y proteger la biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecol\u00f3gico. La Ley establecer\u00e1 mecanismos de participaci\u00f3n social, prevenci\u00f3n, control y acceso a la justicia, as\u00ed como sanciones y responsabilidades por actos u omisiones que causen da\u00f1o, contaminaci\u00f3n o deterioro ambiental\u201d.<\/p>\n\n<p><em>S<\/em>in embargo, dicho texto resulta contrario al principio de progresividad establecido en el primer art\u00edculo de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicano y por lo tanto violatorio de derechos humanos y nuestra Carta Magna (1). Es crucial asegurar que el r\u00e9gimen de responsabilidad ambiental, reconocido actualmente de manera expresa en el Art\u00edculo 4\u00b0 de la Constituci\u00f3n, se mantenga dentro del marco de los derechos humanos.<\/p>\n\n<p>La modificaci\u00f3n incurre en regresiones a derechos humanos&nbsp; como el uso del concepto de participaci\u00f3n social en lugar de la participaci\u00f3n p\u00fablica como lo reconoce el&nbsp; Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe (Acuerdo de Escaz\u00fa), recientemente ratificado por el Senado de la Rep\u00fablica. Las personas y organizaciones firmantes consideran que no se requiere modificar la Constituci\u00f3n mexicana en este sentido, toda vez que al momento de entrar en vigor este Acuerdo, se incorpora al bloque de control constitucional, por lo que la participaci\u00f3n p\u00fablica ser\u00e1 parte del marco constitucional mexicano. (2); se agregan los t\u00e9rminos de \u201cprevenci\u00f3n\u201d y \u201ccontrol\u201d de la justicia, lo que es confuso, poniendo en riesgo el acceso al derecho humano a la seguridad jur\u00eddica de las personas.&nbsp; Adem\u00e1s, suprime del texto constitucional la obligaci\u00f3n a reparar el da\u00f1o de quien lo genera, lo que diluye el principio de \u201cquien contamina, debe de pagar\u201d, como lo establece la Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992\u201d, reforzando el debilitamiento del acceso efectivo a la justicia mediante procedimientos judiciales y administrativos, en particular al resarcimiento de da\u00f1os al ambiente.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n<p>La actual redacci\u00f3n del p\u00e1rrafo 5\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Constituci\u00f3n, as\u00ed como las Constituciones de Colombia, Per\u00fa y Ecuador representan ejemplos a seguir en la materia al enfatizar la responsabilidad del Estado en la gesti\u00f3n, manejo y uso de los recursos naturales, en sancionar y exigir reparaci\u00f3n a los responsables del deterioro ambiental, as\u00ed como en garantizar derecho de la poblaci\u00f3n a vivir en un ambiente sano y ecol\u00f3gicamente equilibrado garantizando la sostenibilidad y el buen vivir (3), por lo que modificar la redacci\u00f3n vigente en el sentido que se propone es regresivo en materia de derechos humano<\/p>\n\n<p>La propuesta contraviene los Art\u00edculos 7\u00b0 y 8\u00b0 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe en materias de participaci\u00f3n social versus participaci\u00f3n p\u00fablica y control y acceso a la justicia, respectivamente, as\u00ed como los Principios 10 y 16 de la Declaraci\u00f3n de R\u00edo sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Consideramos que, en los t\u00e9rminos propuestos, en la pr\u00e1ctica se puede dar una salida a la industria y al Estado, al diluir la responsabilidad de este \u00faltimo; adem\u00e1s, est\u00e1 pendiente el debate sobre los derechos de la Naturaleza, m\u00e1s que los del Planeta, como se\u00f1ala la iniciativa.<\/p>\n\n<p><strong>Mayor Informaci\u00f3n<\/strong>: Juan Carlos Villarruel, Coordinaci\u00f3n de Medios Greenpeace M\u00e9xico al 5570514118 o al correo prensa.mx@gmail.com<\/p>\n\n<p>NOTAS<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\"><li>Anexo &#8211; <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/document\/d\/1goN4bU7Z5mGNbCzJnZMBRjLr0xuzAVyToMGC3q8O5Dc\/edit\">An\u00e1lisis comparativo de legislaciones nacionales e internacionales <\/a><\/li><li><em>Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Informaci\u00f3n, la Participaci\u00f3n P\u00fablica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en Am\u00e9rica Latina y el Caribe<\/em>\u201d. Art\u00edculo 7\u00b0.\u00a0<\/li><li>Anexo &#8211; <a href=\"https:\/\/docs.google.com\/document\/d\/1goN4bU7Z5mGNbCzJnZMBRjLr0xuzAVyToMGC3q8O5Dc\/edit\">An\u00e1lisis comparativo de legislaciones nacionales e internacionales<\/a><\/li><\/ol>\n\n<p>Firman:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Agricultura del Bien Com\u00fan A.C.<\/li><li>Cambio de Ruta A.C.<\/li><li>Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)<\/li><li>Centro para la Diversidad Biol\u00f3gica<\/li><li>Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes<\/li><li>Escaz\u00faAhoraMX<\/li><li>Fundaci\u00f3n Tl\u00e1loc A.C.<\/li><li>Greenpeace M\u00e9xico A.C.<\/li><li>Iniciativa Clim\u00e1tica de M\u00e9xico<\/li><li>Kolectivo Rebelde-M\u00e9rida<\/li><li>Revive M\u00e9xico A.C.<\/li><li>UNORCA Estado de M\u00e9xico A.C<\/li><li>Windlands Network-Programa M\u00e9xico y Tierras Fronterizas<\/li><li>Argelia Salinas Ontiveros IIE-UNAM<\/li><li>Carlos H. \u00c1vila Bello<\/li><li>Cristina Barros Uni\u00f3n de Cient\u00edficos Comprometidos con la Sociedad (UCCS)<\/li><li>David Linares A.<\/li><li>Debora Lithgow&nbsp; Instituto Nacional de Ecolog\u00eda A.C.<\/li><li>Dr. J. Fabi\u00e1n Garc\u00eda Moya Profesor-Investigador Universidad Aut\u00f3noma de Chapingo<\/li><li>Dra. Judith Zubieta UNAM<\/li><li>Dra. Leticia Merino IIS-UNAM<\/li><li>Dra. Marisol Angl\u00e9s Hern\u00e1ndez IIJ-UNAM<\/li><li>Gabriela Vargas Cetina<\/li><li>Horacio de la Cueva<\/li><li>Joel Arellano Ortiz<\/li><li>Josefina Hern\u00e1ndez T\u00e9llez Investigadora Universidad Aut\u00f3noma del Estado de Hidalgo<\/li><li>Juan Esteban Mart\u00ednez G\u00f3mez<\/li><li>Kinik M. Aguilar&nbsp;<\/li><li>Luisa Par\u00e9<\/li><li>Marco Aspron<\/li><li>Mauricio Macossay Vallado<\/li><li>Orlik G\u00f3mez Garc\u00eda<\/li><li>Ra\u00fal Rubio<\/li><li>Rolando Valent\u00edn Ben\u00edtez S\u00e1nchez.<\/li><li>Rub\u00e9n Loaeza<\/li><\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La reforma al Art. 4\u00b0 constitucional debilita el derecho a un medio ambiente sano al eliminar el principio de \u201cquien contamina, paga\u201d. 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