Por Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace
Uno de los grandes orgullos de Chile es que, pese a ser un país altamente sísmico, hemos sido capaces de desarrollar infraestructura preparada para resistir terremotos de gran magnitud. Esto no sólo ha permitido salvar miles de vidas a lo largo de nuestra historia reciente, sino que también ha contribuido a consolidar la imagen de Chile como una economía seria, estable y capaz de atraer inversiones.
Nuestro país es considerado uno de los que posee una de las normativas sísmicas más estrictas del mundo, y aquello no es fruto del azar ni de un simple relato. Es el resultado de más de cincuenta años de trabajo regulatorio sostenido: si bien existieron esfuerzos previos, en 1972 se oficializó por primera vez una normativa integral para el diseño sísmico de edificios —la NCh433—, que posteriormente fue actualizada y perfeccionada en 1985 (tras el terremoto de Valparaíso), en 1996, entre 2009 y 2011 (luego del 27F de 2010), y nuevamente en 2012.
Chile comprendió tempranamente que su geografía y su ubicación lo hacían particularmente vulnerable a este tipo de catástrofes. Por esa razón, el país avanzó en el desarrollo de regulaciones exigentes para la industria de la construcción, con el objetivo no sólo de proteger la vida de las personas, sino también de preservar la estabilidad económica y la confianza en nuestras instituciones incluso en contextos de desastre.
Con este ejemplo en mente —y con el legítimo orgullo que generan estas regulaciones— resulta difícil comprender el razonamiento de algunos parlamentarios en el último tiempo. Hace pocos días, la Cámara de Diputadas y Diputados se reunió para votar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales. Se trata de una normativa que, tal como su nombre lo indica, busca fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar la fiscalización y establecer sanciones más severas frente a conductas que puedan favorecer la ocurrencia de incendios.
Entre otras medidas, en aquellos casos en que los privados no se hayan hecho cargo de forma previa el proyecto faculta a organismos del Estado para realizar acciones preventivas en predios privados, incluyendo la exigencia de cortafuegos y el manejo de material combustible en zonas cercanas a viviendas. Aunque se trata de medidas que responden al más elemental sentido común, algunos parlamentarios calificaron estas disposiciones como una acción “expropiatoria” y exigieron que la ley contemplara indemnizaciones para las empresas que deban cumplir con estas obligaciones. Esa fue, de hecho, la principal razón por la que el proyecto terminó derivado a una comisión mixta, que ahora deberá resolver las diferencias entre ambas cámaras.
Exigir indemnizaciones para empresas que deban destinar una mínima parte de sus terrenos o esfuerzos al manejo adecuado del material combustible y a la eventual contención del fuego resulta tan insólito que cuesta tomar en serio ese argumento. No sólo porque se trata de medidas que pueden salvar vidas, sino también porque esas mismas acciones pueden proteger su propia producción y patrimonio.
Sería equivalente a que una empresa exigiera subsidios estatales por instalar sistemas de rociadores automáticos en sus instalaciones o, siguiendo el ejemplo inicial, que las constructoras se negaran a diseñar y calcular edificios capaces de resistir terremotos sin colapsar debido al costo adicional que ello implica.
Desde hace años sabemos que uno de los mayores riesgos que enfrenta el país durante el periodo estival es la ocurrencia de incendios forestales. Lamentablemente, también hemos sido testigos de sus devastadores efectos: lo rápido que pueden arrasar localidades completas y la cantidad de vidas que pueden cobrar en cuestión de minutos.
Es precisamente en momentos como este cuando la presión ciudadana debe hacerse sentir con más fuerza. Fue esa presión la que permitió que en enero pasado este proyecto volviera a discutirse en el Congreso, luego de casi dos años de silencio en el Senado, y la que también hizo posible que la discusión de la Ley de Incendios fuera retomada apenas se reanudó el trabajo parlamentario tras el receso de verano.
Por eso, tal como ocurrió en su momento con las normas de construcción en un país sísmico, hoy es necesario dejar de lado los intereses de un sector minoritario y poner, de una vez por todas, la vida y la seguridad de la mayoría de los chilenos en primer lugar. Cabe esperar que este renovado Congreso esté a la altura de ese desafío.
