Desde la semana pasada, cientos de personas -especialmente niñas, niños y jóvenes-, han acudido a los servicios de emergencia con síntomas de intoxicación por exposición a contaminantes. Vecinos acusan fuerte olor a gas y cloro en el ambiente.

07 de octubre, 2025. Una nueva intoxicación masiva afecta desde la semana pasada a los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.

El pasado lunes 29 de septiembre se registraron 106 atenciones de salud para estudiantes y funcionarios de los colegios Alonso de Quintero, Santa Filomena y Valle de Narau, además del Liceo Politécnico de Quintero, las que resultaron en 39 diagnósticos por T59, código de la Clasificación Internacional de Enfermedades utilizado para describir el efecto tóxico de gases y vapores en las personas. 

En los días posteriores, se reportaron nuevos casos de niñas, niños y jóvenes intoxicados en colegios de la comuna de Puchuncaví y en la localidad de Horcón, mientras los vecinos acusan percibir “un fuerte olor a cloro” -como informó la Escuela Multidéficit Amanecer, de Puchuncaví, en un comunicado-, razón por la que han tomado las medidas pertinentes para mantener la salud de los niños que asisten a estos centros, entre las que destacan la suspensión de actividades físicas, el uso de mascarillas en el exterior y la utilización de purificadoras de aire en las aulas.

Diversos habitantes de Ventanas aseguraron sentir un “fuerte olor a gas” previo a estas intoxicaciones -el domingo 28 de septiembre-, por lo que muchos vecinos del eje Quintero-Puchuncaví-Concón exigen respuestas desde las autoridades para entender a cabalidad este problema e identificar el gas que han estado inhalando los niños y adultos que habitan esta zona.

Al respecto, Katta Alonso, fundadora de la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia (MUZOSARE), asegura que ante estos hechos resulta crucial detener el complejo industrial para comprender qué contaminantes emite cada empresa y, con esa información, poder tener un diagnóstico claro para tomar las medidas pertinentes. 

“Hay Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), S02, material particulado y gas, y ni siquiera sabemos quién los emite. Tenemos un cocktail de contaminantes que no conocemos, entonces amerita tener la información para solucionar el problema. También es necesario que se fiscalicen los barcos, sus descargas y funcionamiento porque tampoco hay normativa, sobre todo para los hidrocarburos”, afirma Alonso, para quien además es urgente contar con la voluntad política para que se cumpla la sentencia de la Corte Suprema y para que la normativa se adecúe a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “No podemos seguir así, porque es un verdadero genocidio ambiental para nuestros niños y toda la poblacion de esta zona”, sostiene la representante de la agrupación. 

Por su parte, Roxana Núñez, abogada y experta en Incidencia de Greenpeace Andino, expresa su preocupación por este nuevo caso de vulneración de derechos a las comunidades de Quintero-Puchuncaví, “sobre todo si se tiene en consideración que estas intoxicaciones afectan con mayor fuerza a mujeres y a adolescentes entre los 10 y 19 años, como se ha comprobado con el paso de los años”. Ante este escenario, la abogada llamó a, al menos, declarar alerta sanitaria, lo que permitiría facilitar la fiscalización y la paralización del complejo industrial, algo que se concretó el pasado miércoles 8 de octubre, cuando el Ministerio de Medio Ambiente anunció esta medida para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 

Coincide con este diagnóstico Cristina Lux, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “La situación requiere atención urgente. En la zona de Quintero y Puchuncaví, la infancia está desprotegida. Nadie sabe lo que respira y lo que está enfermando a los niños y a las niñas. Presentaremos las acciones que correspondan en tribunales nacionales y ante organismos internacionales para proteger la vida de quienes viven en la zona, especialmente de la infancia”, adelanta.  

“Urge que las empresas se hagan responsables de sus residuos y la contaminación que provocan, así como que el Estado se haga cargo no sólo de la salud de los habitantes de esta zona, sino también de su bienestar, garantizando los derechos a un ambiente sano, especialmente para la niñez. En este sentido, resulta inexplicable que las estaciones de monitoreo no presenten registros de alzas que impliquen una situación de emergencia, mientras la realidad evidencia un panorama completamente distinto. Es francamente inaceptable que a 6 años del histórico fallo de la Corte Suprema (que, en 2019, ordenó identificar con precisión los contaminantes presentes en el aire de la zona) las personas sigan sin saber cuáles son los tóxicos que los están intoxicando”, puntualiza la abogada de Greenpeace, quien asegura que en los próximos días presentarán acciones legales con el objetivo de proteger y reparar los daños causados en las comunidades.