Desde Greenpeace queremos expresar nuestra absoluta preocupación por la forma en que se ha tramitado esta megarreforma, marcada por la improvisación del Ejecutivo y una discusión parlamentaria acelerada, realizada bajo presión y sin el tiempo necesario para un análisis técnico y jurídico acorde con la complejidad de las materias en debate. No sólo se impuso una tramitación extraordinariamente rápida en la Comisión de Medio Ambiente para revisar más de una docena de artículos relacionados con la protección ambiental dentro de este extenso paquete legislativo, sino que, además, el Gobierno ingresó indicaciones sustantivas a última hora, otorgando apenas unas horas a los parlamentarios para conocerlas, analizarlas y votarlas, sin posibilidad de contrastarlas con expertos ni de sostener un debate informado.
Las consecuencias de este proceso quedaron en evidencia durante la votación en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, cuando tres senadores -dos de ellos integrantes de la instancia-, luego de no llegar a acuerdos sobre el mecanismo de presentación de indicaciones, abandonaron la sesión frente a la negativa del Ejecutivo de abrir un espacio de diálogo sobre la gravedad de las disposiciones que estaban siendo sometidas a votación.
Así, bajo una presión impropia para la relevancia de estas decisiones, los senadores debieron resolver en tiempo récord asuntos que tendrán efectos permanentes sobre el patrimonio ambiental del país, las comunidades y las economías locales. Entre ellos, destacan normas relativas a la salmonicultura, modificaciones a la institucionalidad ambiental y la controvertida figura de las denominadas “indemnizaciones” para la industria.
En materia de salmonicultura, resultan especialmente preocupantes las disposiciones sobre micro- relocalizaciones y relocalizaciones en áreas protegidas. La definición de micro-relocalización fue incorporada por el Ejecutivo recién el lunes, al término de la jornada, pocas horas antes de su votación, y continúa generando serias dudas debido a la falta de antecedentes técnicos que la respalden. Desde una perspectiva ambiental, no existen estudios ni proyecciones que permitan evaluar cómo cambiará la dispersión o acumulación de residuos en las nuevas áreas concesionadas; mientras que desde el punto de vista administrativo, tampoco existe claridad respecto de qué concesiones podrán acogerse a este mecanismo ni sobre la carga ambiental adicional que ello implicaría para los ecosistemas.
Igualmente preocupante fue la discusión sobre la posibilidad de trasladar concesiones salmoneras desde parques nacionales hacia otras áreas protegidas como reservas nacionales o Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU), sin considerar el historial de incumplimientos ambientales de las empresas beneficiadas ni los límites de carga de estas zonas. Un ejemplo de ello es la eventual relocalización de al menos nueve concesiones de Nova Austral desde el Parque Nacional Alberto de Agostini hacia la Reserva Nacional Kawésqar (segunda área protegida más grande de Chile) pese al extenso historial de infracciones registradas por la empresa en ese parque, que incluye sobreproducción, daño al fondo marino, manejo inadecuado de mortalidades, deficiente gestión de residuos, alteración artificial del fondo marino y ocultamiento de información, entre otras conductas que han derivado en múltiples sanciones e, incluso, en la revocación de varios permisos ambientales.
A ello se suman modificaciones profundamente regresivas para la protección ambiental, como la eliminación de la posibilidad de invalidar Resoluciones de Calificación Ambiental favorables. De aprobarse esta reforma, dejaría de existir un mecanismo fundamental para revisar la legalidad de las resoluciones que aprueban proyectos con impactos ambientales.
En la misma línea, resulta especialmente preocupante la insistencia del Ejecutivo en incorporar la denominada “indemnización por falta de servicio” -antes presentada como restitución de gastos– para aquellos casos en que una Resolución de Calificación Ambiental sea anulada judicialmente. La propuesta parte de la premisa de que toda nulidad ambiental constituye un “error del Estado”, trasladando la determinación de las compensaciones a un tribunal arbitral. Esta lógica no sólo desincentiva el control judicial de actos ilegales, sino que además instala un precedente que privilegia la certeza económica de las empresas por sobre la correcta aplicación de la legislación ambiental, y podría permitir que proyectos de menor calidad o derechamente malos sean aprobados y, posteriormente, pagados por todos los chilenos. Es por esto que parlamentarios de oposición ya anunciaron que acudirían al Tribunal Constitucional para revisar esta normativa.
Más allá del contenido específico de cada una de estas disposiciones, lo ocurrido durante esta tramitación evidencia una forma de legislar incompatible con la trascendencia de las decisiones que están en juego. Reformar normas que resguardan el patrimonio ambiental del país exige deliberación, participación de las comunidades, evidencia científica y debate democrático, no votaciones apresuradas ni indicaciones ingresadas a última hora. Cuando se debilitan los espacios de análisis y participación, no sólo se pone en riesgo la calidad de las leyes, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger el interés público y el medio ambiente.
Es por ello que desde Greenpeace hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse sobre el alcance de esta reforma y a exigir a sus representantes un debate serio, transparente y basado en evidencia. Este proyecto aún debe ser discutido en la Comisión de Trabajo, volver a la Comisión de Hacienda y posteriormente ser votado en la Sala del Senado, por lo que todavía existe la oportunidad de corregir aquellas disposiciones que ponen en riesgo la protección ambiental y debilitan las instituciones encargadas de resguardar el interés público.
Chile necesita una legislación que entregue certezas para el desarrollo, pero también garantías para las comunidades, la protección de los ecosistemas y un crecimiento económico sostenible en el mediano y largo plazo. Nada de eso se consigue con una tramitación apresurada ni con normas que terminan favoreciendo, de manera desproporcionada, a industrias que mantienen un amplio historial de incumplimientos ambientales. Hoy más que nunca, esperamos que el Senado ejerza plenamente su rol, legisle pensando en el bien común y no en intereses particulares, y resguarde un patrimonio natural que pertenece a todas y todos los habitantes del país, así como a las futuras generaciones.
Roxana Núñez, abogada de Greenpeace.
