Por Roxana Núñez, abogada de Greenpeace y especialista en Incidencia de Campañas
“Hoy ganó el medio ambiente. Gracias a una gran defensa frente a estos retrocesos, logramos que una norma que debilitaba la protección de nuestros océanos no siguiera adelante. El Tribunal Constitucional confirmó que las micro-relocalizaciones de centros salmoneros no pueden quedar fuera de la evaluación ambiental. Esta victoria demuestra que defender las protecciones ambientales sí hace la diferencia y que no podemos dejar pasar ningún retroceso en esa materia.
La decisión del tribunal confirma que una distancia de hasta 350 metros no puede, por sí sola, ser utilizada para presumir que un nuevo emplazamiento no tendrá impactos ambientales. Como planteamos ante el Tribunal, en los fiordos y canales de la Patagonia esa distancia puede implicar condiciones ambientales completamente distintas y modificar los impactos de una actividad sobre el ecosistema.
Esta es sin duda una buena noticia para la protección de nuestros océanos y, especialmente, para las áreas protegidas de la Patagonia. La evaluación ambiental debe ser una herramienta preventiva y no puede ser reemplazada por criterios meramente cartográficos.
La resolución también aborda otros aspectos relevantes para la institucionalidad ambiental que implicaban importantes retrocesos en la materia. Entre ellos, el Tribunal declaró inconstitucional la norma que pretendía establecer indemnizaciones cuando un permiso ambiental fuera anulado por la justicia. Se trata de una decisión relevante, porque este tipo de mecanismos podía debilitar la capacidad de los tribunales para controlar la legalidad de las autorizaciones ambientales y generar incentivos para mantener vigentes permisos que posteriormente fueran considerados ilegales, puesto que la alternativa era que el costo de esas decisiones recayera sobre toda la ciudadanía.
Esperamos conocer la sentencia completa para poder evaluar con precisión todos sus alcances. Sin embargo, lo resuelto hoy entrega una señal muy potente y puede marcar un precedente fundamental frente a los retrocesos ambientales: la protección del medio ambiente no puede ser sacrificada simplemente para acelerar inversiones.