Santiago, 11 de septiembre de 2019. Tras los incendios en el Amazonas -que solo en agosto destruyeron 2,5 millones de hectáreas- los países Amazónicos se reunieron el pasado viernes en la ciudad de Leticia, al sur de Colombia, para firmar un pacto que defina acciones conjuntas para proteger a la selva tropical más grande del mundo. Frente a este acuerdo, Greenpeace afirmó que, pese a que celebran la decisión de los Estados de comenzar a trabajar en conjunto, la instancia no ha estado a la altura y escala del problema ya que son necesarias medidas y planes concretos y apremiantes en el corto plazo.
A su vez, para la organización ambientalista es alarmante el negacionismo respecto a la destrucción de bosques en el pacto. Afirmaron que decir que el cambio climático podría ser la causa de la deforestación es pasar por alto que la pérdida de bosques está plenamente vinculada a prácticas de explotación promovidas por los mismos Estados y en territorios sobre los cuales tienen la capacidad de influir. Desde Greenpeace explicaron que los incendios forestales y el cambio climático operan en un círculo vicioso: a medida que aumenta el número de incendios, también lo hacen las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando la temperatura general del planeta y la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como huracanes, tornados, grandes sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares.
Otro punto preocupante es la mención que se realiza a los pueblos originarios Según la ONG, su rol queda reducido a la participación en los escenarios de “desarrollo” del Amazonas, punto que desconoce la obligación de los Estados conforme al derecho internacional de respetar plenamente la diversidad y el uso, administración, gestión y beneficios de sus territorio, permitiendo y promoviendo su autonomía.
En un orden más práctico, la organización sostiene que en un contexto de crisis ambiental y ecológica no es admisible la existencia de prácticas que ponen en riesgo de un modo desmesurado a especies y comunidades dependientes del ecosistema amazónico. De esta manera, creen imprescindible que los Estados soberanos prohíban este tipo de prácticas y no se limiten a promover mecanismos alternativos. Greenpeace considera necesario hacer una revisión crítica del texto en relación a la urgencia con la que se requiere actuar. El cambio climático y la pérdida de biodiversidad deberían ser razones más que suficientes para que los Estados actúen rápidamente en la transición hacia modelos de desarrollo que promuevan el respeto entre los seres humanos y su medioambiente. Sin embargo, en el texto faltan medidas sustantivas y vinculantes, ya que deja sus implementaciones a merced de la voluntad política de turno. Greenpeace considera necesario precisar que la soberanía de los Estados siempre encontrará su límite en los Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales vinculantes en esta materia, estableciendo que, en relación al medioambiente, toda política pública debe conducir progresivamente a su concreción y a la no regresividad.
“Es esencial que el pacto sea ejecutado. No puede quedarse en un papel. La urgencia de la situación implica apagar el fuego, pero a la vez es necesario generar acciones que impliquen un freno efectivo a la deforestación. Ser menos ambiciosos significa condenar a la Amazonía, y al futuro del planeta”, afirmaron desde la organización ambientalista.
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