Más de un centenar de niñas y niños de esta zona han sido atendidos en los recintos de salud, con diagnósticos de intoxicación por gases, humos y vapores. Las organizaciones ambientalistas exigen que cuando nuevas situaciones de esta naturaleza ocurran se paralicen por completo las operaciones industriales hasta determinar sus causas, para así evitar que cientos de niños, niñas y adolescentes se vean afectados por estas.
19 de noviembre, 2025. Luego que se informara de la presencia de fuertes olores a gas y cloro en la zona (que coincidieron con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía de Quintero durante la madrugada del pasado 29 de septiembre), se registraron 127 atenciones de salud por cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos en estudiantes y docentes de la zona, situación que se repitió en los días siguientes. Desde entonces, casi 200 personas han asistido a los recintos sanitarios aquejados por síntomas coincidentes con intoxicaciones (en su mayoría, menores de edad) y, de ellos, más de un centenar fue diagnosticado con “intoxicación T59”, sistema de clasificación internacional referido al efecto tóxico de gases, humos y vapores.
Por esta razón, el pasado 8 de noviembre, abogadas de AIDA y Greenpeace, en representación de diversas personas menores de edad y sus familias, y organizaciones ambientales de la zona interpusieron un recurso de protección en contra de una serie de instituciones y organismos del Estado producto de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, que han aquejado a sus habitantes desde ese día hasta la fecha.
Según Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, estos hechos han afectado gravemente a quienes habitan la zona, particularmente a niñas, niños y jóvenes, vulnerando sus garantías constitucionales, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todas consagradas en la Constitución.
“Es por esto que solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar medidas como la paralización del complejo industrial cada vez que una persona menor de edad sea diagnosticada con intoxicación T59 en la zona”, explica Zapata.
Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, pone en relieve que desde que en 2019, atendiendo la gravedad de la situación vivida en estas comunas, la Corte Suprema ordenó un listado exhaustivo de medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental y sanitaria, dirigidas a las autoridades para hacer frente a este tipo de episodios, las que no sólo no se han cumplido, sino que además los episodios de intoxicación han persistido en los años siguientes e, incluso, se han repetido con alarmante frecuencia hasta la actualidad, con cientos de personas afectadas cada año, en su mayoría menores de edad.
“Es por lo anteriormente expuesto que exigimos que, en primer lugar, se dé cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Suprema de 2019: es insólito que hayan pasado seis años y aún no se acate el dictamen del máximo tribunal, vulnerando los derechos de miles de habitantes de estas comunas”, asegura Núñez. Del mismo modo, para la abogada es necesario generar un protocolo adecuado que permita que cada vez que una persona -sobre todo si es menor de edad- es ingresada a los servicios asistenciales, se paralice por completo la actividad industrial, con el objetivo de, por una parte, evitar nuevas intoxicaciones y, por otra, determinar el origen real de estas.
Algunas de las acciones que incluye el petitorio de las personas afectadas individualizadas en este recurso de protección incluyen la ya mencionada paralización temporal y automática de faenas del cordón industrial ante cada nuevo diagnóstico de intoxicación por contaminación, con foco en niños, niñas y adolescentes; monitoreo continuo y público (Compuestos Orgánicos Volátiles -VOC-, vientos y mareas, por ejemplo) y trazabilidad de estos; cumplimiento total del fallo de la Corte Suprema de 2019 y el establecimiento de un plan de reparación ambiental y sanitaria en la zona, así como de protocolos de atención integral con derivación y seguimiento a personas afectadas, entre otros requerimientos.
“Es tanto el daño que se ha causado a esta zona de sacrificio, que muchos de los vecinos afectados por esta situación simplemente no han querido ser atendidos por los servicios de salud, ya que están cansados y no confían que recibirán una atención de salud integral y reparadora, por lo que han preferido sobrellevar los síntomas en sus hogares”, comenta Núñez.
“Ya ha pasado demasiado tiempo sin que estas personas puedan vivir en paz y con garantías de salud básicas. Es hora de entregarles verdaderas garantías y que el Estado y las empresas que operan el parque industrial de Quintero y Puchuncaví se hagan efectivamente responsables de esta situación”, puntualiza Zapata.
En este escenario, Greenpeace dispuso el sitio web InfanciaEnSacrificio.cl donde las personas pueden firmar para apoyar a las familias afectadas y rechazar este tipo de vulneraciones en la zona de Quintero y Puchuncaví. “Todos podemos contribuir para que este recurso de protección no quede archivado y logremos que tanto el Estado, como las empresas que operan en esta bahía se hagan responsables de verdad por estas vulneraciones. Cada firma ayuda a visibilizar esta crisis, aumenta la presión pública y acelera la instalación de medidas concretas de protección, fiscalización y reparación”, concluye Núñez.
