Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace
La Patagonia chilena alberga unos de los ecosistemas marinos más extraordinarios y frágiles del planeta. Sus fiordos y canales sostienen una enorme biodiversidad y forman parte de la vida y el sustento de numerosas comunidades costeras.
Es precisamente en estas aguas donde opera la industria salmonera, una actividad cuyas múltiples externalidades ambientales exigen una vigilancia permanente. A diferencia de otras industrias, sus instalaciones no están aisladas del entorno: se emplazan directamente en ecosistemas marinos de enorme valor ecológico, donde los impactos de su operación pueden extenderse mucho más allá de los límites de una concesión. Entre sus riesgos sanitarios más graves se encuentra el virus ISA, cuya reciente detección en la Región de Aysén vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de estos ecosistemas frente a la actividad industrial.
El pasado 17 de septiembre, Sernapesca recibió la notificación de resultados positivos para este virus en dos jaulas del centro Izaza, perteneciente a Salmones Camanchaca. Tras inspeccionar las instalaciones, el organismo realizó nuevos muestreos en las doce jaulas del centro y reforzó la vigilancia sanitaria en un radio de diez millas náuticas. En su actualización del 30 de septiembre, Sernapesca informó que los análisis confirmaron que se trata de la variante HPR5a del virus y que, hasta ahora, los muestreos realizados en los demás centros de cultivo de la zona no han detectado signos del virus ISA, aunque el Servicio decidió mantener una zona de vigilancia y controles sanitarios en los centros considerados de riesgo. Pese a este hallazgo el caso sigue requiriendo atención y seguimiento, tanto por el riesgo de que el virus se propague como por la necesidad de conocer cómo evoluciona en el área afectada.
Chile ya conoce las consecuencias de reaccionar tarde. En 2007, el virus ISA desencadenó una profunda crisis sanitaria en la salmonicultura, con mortalidades masivas y numerosos centros afectados. Aquella experiencia obligó a fortalecer las medidas de bioseguridad y vigilancia. Casi dos décadas después, una nueva detección nos recuerda que los riesgos persisten y que las lecciones aprendidas no pueden quedar reducidas a protocolos que se activan cuando el problema ya está presente.
El desafío es todavía mayor porque los centros salmoneros no funcionan aislados del ambiente que los rodea. El virus puede propagarse mediante el agua, los peces infectados, sus secreciones y restos biológicos, así como a través de equipos y embarcaciones contaminadas. Y a esto debe sumarse una pregunta incómoda: ¿cuánto sabemos realmente de lo que ocurre bajo el agua cuando se detecta una emergencia sanitaria? Lo cierto es que persisten vacíos científicos importantes sobre la interacción del virus con la fauna silvestre y los salmones asilvestrados. En este sentido, y aunque suene de perogrullo, desconocer la magnitud de esos efectos no equivale a demostrar que no existen riesgos, sino que, por el contrario, obliga a extremar la prevención y ampliar la vigilancia más allá de las concesiones.
Ante la escasa información pública sobre el caso Izaza, al conocer esta situación, desde Greenpeace ingresamos una solicitud a Sernapesca para conocer los resultados de los muestreos, la eventual existencia de otros centros afectados -algo que el Servicio esclareció en su mencionado reporte del 30 de septiembre- y las medidas adoptadas. Pero la transparencia en esta materia no puede depender de que una organización recurra a los mecanismos que establece la ley para acceder a información de evidente interés público. Tanto la industria como las autoridades deben asumir la responsabilidad de divulgar proactivamente, de manera oportuna y accesible, los antecedentes sobre estos episodios, su evolución y sus posibles consecuencias ambientales. La ciudadanía tiene derecho a conocer los riesgos a los que están expuestos ecosistemas que son patrimonio de todos.
También debemos preguntarnos si los mecanismos actuales permiten detectar y contener oportunamente estos episodios o si seguimos dependiendo demasiado de la capacidad de las propias empresas para advertirlos. La fiscalización debe ser permanente, independiente y capaz de evaluar no solo la condición sanitaria de los peces cultivados, sino también las consecuencias de esta actividad sobre los ecosistemas que la sostienen.
La Patagonia no puede convertirse en un territorio donde los riesgos ambientales se asuman como un costo inevitable de la producción. Lo que este nuevo episodio exige es un cambio de enfoque: una industria que se anticipe a los riesgos en lugar de limitarse a reaccionar ante las emergencias, y un Estado que fortalezca su capacidad de fiscalización, exija mayor transparencia e impulse políticas públicas que eleven los estándares sanitarios y ambientales. El principio de no regresión ambiental debe traducirse precisamente en eso: que cada crisis (desatada o, mejor aún, evitada) nos lleve a fortalecer las protecciones existentes, nunca a debilitarlas. Porque en los frágiles ecosistemas patagónicos, avanzar no puede significar producir más a costa de proteger menos.
