Buenos Aires, 1° de octubre de 2026 — Desde Greenpeace Argentina expresamos nuestro repudio ante la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que repone la vigencia del decreto presidencial que derogó la Ley de Tierras Rurales, decisión que podría habilitar un aumento de la regresión ambiental, al favorecer el avance de intereses privados y comerciales por sobre el derecho a un ambiente sano.
La derogación de los límites establecidos en la Ley de Tierras Rurales, no implica automáticamente la explotación indiscriminada de bosques, humedales, ríos, lagos, glaciares u otros recursos naturales, que tienen sus normas específicas de protección y uso. Sin embargo, promueve el aumento de la compra de tierras por parte de corporaciones extractivistas, que luego podrían presionar para modificar las leyes ambientales vigentes, como la Ley de Bosques, como sucedió recientemente con la Ley de Glaciares.
Al eliminar las restricciones a la extranjerización, se facilita que corporaciones y capitales privados compren miles de hectáreas con bosques para convertirlas en negocios agropecuarios, forestales o urbanísticos, que implican deforestación.
Cuando el suelo no tiene protección legal, se pone en riesgo el agua y la biodiversidad de todo el país. La Ley de Tierras Rurales además prohibía que un extranjero pueda comprarse un lago o un río.
Por otra parte, esta resolución contradice los recientes reclamos colectivos para frenar la destrucción de nuestros ecosistemas, y aumenta la vulnerabilidad a la que están expuestos los bosques, humedales, glaciares, lagos, ríos y comunidades locales, en un contexto de crisis climática sin precedentes. Ahora, los diputados nacionales tienen en sus manos la decisión de rechazar el decreto presidencial que la derogó y devolvernos la Ley de Tierras Rurales.
