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Greenpeace expresa su rechazo y preocupación al intento del Gobierno de la Provincia de Mendoza de modificar la histórica Ley provincial 7722 que protege el agua de las y los mendocinos. 

Esta ley vigente significó una normativa de avanzada al proteger el agua con la prohibición del uso de sustancias tóxicas en la actividad minera y establecer mecanismos novedosos para la aprobación legislativa de los proyectos.  

Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente (Ley Nacional Nº 25.675).

El agua en el mundo escasea cada vez más, en gran parte como consecuencia del Cambio Climático. La provincia de Mendoza está sufriendo además una sequía histórica, una situación crítica que se vería notablemente agravada de aprobarse proyectos que demandan millones de litros diarios de agua para su proceso.

Por todo ello, Greenpeace solicita se detengan los intentos de modificación de la Ley 7722.