Greenpeace rechaza y expresa su profunda preocupación por la violenta represión efectuada por fuerzas de seguridad contra vecinos de Choya y Andalgalá, provincia de Catamarca, que ayer se manifestaban contra el mega emprendimiento minero MARA – AGUA RICA. Las autoridades deben garantizar el derecho a la protesta pacífica y la libertad de los asambleístas que fueron detenidos por defender el agua y su lugar de vida.
El respeto institucional del ejercicio del derecho a la protesta pacífica no admite excepciones en nuestra Constitución Nacional. La libertad de expresión, el derecho de protesta, y la defensa de la paz y de la naturaleza, son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los individuos y de los diversos actores sociales en el ejercicio de dichas libertades, que deben contar con las garantías constitucionales acordes a un Estado de Derecho.
La libertad de expresión no sólo aplica a ideas percibidas como favorables por las mayorías o por cualquier gobierno, sino que quedan incluidas todas aquéllas que puedan perturbar, impresionar o que resulten contrarias a las políticas del Estado. Entendemos que esta libertad carecería de sentido si manifestarse, peticionar o expresarse contrariamente a la opinión política de quienes se encuentran a cargo de cualquier Poder, implicara riesgo alguno para la libertad personal.
Las manifestaciones públicas son los recursos con los que contamos los distintos actores y grupos de la sociedad (trabajadores, mujeres, agrupaciones sociales, comunidades indígenas, etc.) para visibilizar los reclamos e interpelar a las autoridades. Cuando la libertad se amenaza, se reprime, se judicializa y/o se deslegitima, la calidad de la democracia se degrada en su práctica cotidiana.
