La limpieza del Riachuelo: una deuda pendiente

La contaminación del Riachuelo alcanza niveles críticos en los cursos medio y bajo del río y provoca consecuencias directas sobre la salud y la calidad de vida de las 5 millones de personas que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo, que atraviesa 14 municipios de la provincia de Buenos Aires e incluye a la Ciudad. La Cuenca es la región más afectada a nivel ambiental y social de Argentina y una de las diez más contaminadas del planeta. Años de imprudencia y abandono convirtieron al río en un ícono nacional de la injusticia ambiental.

Origen de la contaminación de la Cuenca Matanza – Riachuelo

Los desechos industriales y cloacales sin el tratamiento correcto y los basurales son los principales responsables del estado de deterioro de la cuenca.

La situación actual es alarmante. Según cálculos de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, el organismo público responsable del saneamiento ambiental del río, más de 2.5 millones de personas -casi el 50 por ciento de la población estimada de la zona- no cuentan con cloacas. Además, miles de industrias allí ubicadas vuelcan sus desechos directamente en el río, o en cloacas que desembocan en él.

El fallo judicial

En el año 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

El 20 de junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la causa e intimó a los demandados a que presenten un plan de saneamiento de la cuenca. Así se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), ente que coordina el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Finalmente, en julio de 2008 la Corte dictó una sentencia histórica a la demanda de 2004, en la cual ordenó a los tres estados demandados a sanear el Riachuelo. A su vez, encargó a Greenpeace, junto al Defensor del Pueblo y otras cuatro organizaciones no gubernamentales, la conformación de un Cuerpo Colegiado para controlar el Plan de Saneamiento Ambiental en representación de la ciudadanía.

En 2016, en una audiencia pública ACUMAR reconoció que luego de 5.200 millones de dólares gastados solo se había cumplido con el 20% del saneamiento y la relocalización de los vecinos que exigió la Corte.

Transcurrió más de una década desde el fallo y todavía continúan las fallas en el control y el seguimiento y la falta de una gestión integral. Desde Greenpeace demandamos la adopción de un plan cuyos ejes principales sean la producción limpia, el saneamiento y las soluciones habitacionales para toda la Cuenca.

Esto es lo que hicimos:

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