El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) es uno de los tratados internacionales jurídicamente vinculantes que se abrieron a la firma en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Cada dos años, de este Convenio se desprende una Conferencia de las Partes en la que los representantes de 196 países y muchos actores no gubernamentales, como líderes de pueblos indígenas, juventudes, mujeres y de la sociedad civil, se reúnen para discutir y negociar medidas que promueven la protección de la biodiversidad del planeta, así como para revisar el avance de cada país en su implementación.
La edición de este año es la cumbre número 17, por eso se le dice sencillamente COP17, y se celebrará en octubre en Ereván, Armenia. De aquí saldrán decisiones cruciales que se sentirán directamente en la vida cotidiana y el futuro de todas las personas del planeta, por eso se trata de una oportunidad única para que los gobiernos escuchen nuestras voces.
En la COP17 es cuando echamos luz sobre el hecho de que los bosques están siendo destruídos por la agricultura industrial -en Colombia sabemos mucho de esto-, la industria maderera y una nueva fiebre de la búsqueda de minerales. Hablaremos de que los océanos son saqueados por la pesca industrial, mientras la minería de aguas profundas amenaza un área del planeta que la ciencia aún no llegó a estudiar siquiera. Todo esto ocurre a la par de que sabemos que océanos y bosques saludables son indispensables para mantener la red de vida planetaria.
Es ahora que debemos insistir en que proteger a los ecosistemas de la Tierra no es opcional si queremos luchar contra la crisis climática, por la vida y las fuentes de sustento de las comunidades locales y los pueblos indígenas, y la supervivencia de miles de especies, incluída la nuestra.
¿Cuáles fueron los últimos progresos logrados en las CBD?
En 2022, durante la COP15, se consiguió el Marco Mundial Kunming-Montreal (KMGBF por sus siglas en inglés) como respuesta al reporte de evaluación de biodiversidad y servicios ecosistémicos entregado por el IPBES. Su propósito es “tomar medidas urgentes para detener y revertir la pérdida de biodiversidad” para el año 2030. Para lograrlo, se deben proteger y restaurar al menos 30% de tierras y mares para ese año (las conocidas como metas 30×30). Semejante compromiso global no es sólo una aspiración sino un paso necesario para prevenir el colapso irreversible de los ecosistemas y la pérdida de diversidad biológica , así como limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C.
Entre los desafíos a los que se enfrenta el Marco Mundial están lograr mayor coherencia con otros tratados globales (como el de Océanos y el Tratado de París) así como mejorar el financiamiento público, y las formas de implementarlo, para poder desarrollarse en toda sus posibilidades.
En 2024, en la COP16 se estableció un nuevo órgano, el órgano subsidiario 8j (SB8j), dedicado incluir en la toma de decisiones los derechos, roles, territorios y conocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ambos actores que han protegido a los ecosistemas vitales de la Tierra durante generaciones, al tiempo que resistieron el colonialismo y la extracción de recursos naturales. Sus saberes demuestran que el ambiente es más resiliente cuando las personas que lo habitan desde siempre, y que dependen de ellos, tienen el poder de defender y manejar sus territorios. Pese a ello, su participación en la toma de decisiones ha sido históricamente marginada.
En este sentido, respetar y reconocer sus derechos y contribución en la conservación sería la llave para cerrar la grieta en la implementación de 30×30. Y el órgano SB8j debería ayudar a que así sea.
¿Qué deben hacer los gobiernos en la CBD COP17?
Este año, los gobiernos revisarán el progreso colectivo en la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica. Tendrán que abrir un momento crítico para evaluar si el mundo está, o no, en camino a alcanzar las metas y objetivos propuestas para 2030 (recordemos que estamos a sólo 4 años de llegar al año límite).
Los Gobiernos deben aprovechar esta oportunidad para cumplir con sus compromisos, priorizando la protección y restauración de los ecosistemas de alta integridad mediante un enfoque basado en los derechos humanos, y cerrando la brecha de financiamiento para la biodiversidad a través de enfoques verdaderamente innovadores, como la reforma de las políticas económicas y fiscales a nivel mundial y nacional.
Greenpeace hace un llamado a los Gobiernos para que:
- Alineen sus planes y estrategias nacionales de biodiversidad, la planificación territorial y las leyes de conservación con las normas internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y los principios de gobernanza equitativa.
- Reconozcan y amplíen las iniciativas de conservación lideradas por Pueblos Indígenas y comunidades locales para cerrar la brecha de implementación del KM-GBF, en particular del Objetivo A, la Meta 3, la Meta 22 y la Sección C, y apoyen el reconocimiento de los Territorios Indígenas y Tradicionales (ITTs) como una contribución diferenciada y basada en derechos a la implementación de la Meta 3, sin imponerles su incorporación a modelos de áreas protegidas u Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas (OMEC).
- Apoyen mecanismos de financiamiento directo, equitativos, previsibles y basados en derechos para los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, a través de los mecanismos de financiamiento de la biodiversidad existentes y futuros, incluido el Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad (GBFF), el Fondo de Cali, el Fondo para Siempre de los Bosques Tropicales (TFFF) y otras estructuras internacionales de financiamiento.
- Garanticen un enfoque coordinado entre las Convenciones de Río para que las Partes cumplan con los objetivos del KM-GBF, fortaleciendo la cooperación y la coherencia de las políticas entre las Convenciones y maximizando las sinergias entre los planes y estrategias nacionales, así como entre los sistemas de monitoreo y presentación de informes, con el fin de alinear la implementación a nivel mundial y priorizar las acciones allí donde más se necesitan.
- Mejoren la coherencia entre los sistemas de reporte sobre clima, biodiversidad, derechos humanos y comercio, mediante un enfoque armonizado de las definiciones, las metodologías de monitoreo, los indicadores de degradación y las métricas de integridad de los ecosistemas.
- Establezcan marcos legales y regulatorios que demuestren la debida diligencia necesaria para alcanzar las metas de 2030, incluidos mecanismos exigibles de monitoreo, transparencia, rendición de cuentas y reparación. Estos marcos deberían incluir un principio de no deterioro para los ecosistemas primarios y de alta integridad, evitando actividades que provoquen disminuciones medibles en la integridad de los ecosistemas.
- Alineen los sistemas financieros con las obligaciones de debida diligencia y los objetivos de integridad de los ecosistemas.
- Reorienten los subsidios y los incentivos comerciales que promueven la explotación industrial y la expansión de actividades extractivas y productivas, como los combustibles fósiles, la agroindustria y las prácticas forestales perjudiciales.
- Identifiquen, prevengan y aborden los riesgos climáticos, de biodiversidad y de derechos humanos asociados con las inversiones, los préstamos y las actividades de seguros que contribuyen a la deforestación y la degradación de los bosques.
- Redirijan los incentivos financieros hacia la agroecología y el apoyo a los pequeños productores de alimentos, para lograr una transición justa en el sector de los sistemas alimentarios, al tiempo que amplían el financiamiento público y las herramientas fiscales que recompensen la protección, la restauración y la gestión comunitaria de los territorios, incluido el acceso directo al financiamiento para los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.
- Eliminen progresivamente las actividades industriales perjudiciales, rechazando los enfoques basados en compensaciones, extractivistas y destructivos que dañan los ecosistemas y la biodiversidad, vulneran derechos o permiten que continúe la marginación de las poblaciones locales.
- Reconozcan la degradación de los bosques como uno de los principales factores de pérdida de ecosistemas, superando los enfoques limitados centrados exclusivamente en la deforestación y la pérdida de cobertura forestal y adoptando enfoques basados en la integridad de los ecosistemas.
- Fortalezcan las sinergias entre el CDB y el Tratado Global de los Océanos (BBNJ) para impulsar una red integrada de santuarios oceánicos plenamente y altamente protegidos en todo el planeta azul, desde las aguas costeras hasta alta mar, al tiempo que se protegen los ecosistemas marinos frente a actividades de alto riesgo y destructivas, como la minería submarina, mediante la aplicación del principio precautorio y la eliminación progresiva del financiamiento público, los subsidios y los incentivos perjudiciales
¿Cómo tomar el curso correcto para proteger los ecosistemas?
El vínculo con el territorio ha moldeado durante generaciones el modo de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales y costeras. Por eso, ellos son la prueba más fehaciente de que el camino hacia bosques y océanos sanos pasa por las personas que los protegen. Dos estudios recientes realizados por Greenpeace Internacional y Global Ocean Justicia Now muestran soluciones reales llevadas adelante por personas de pueblos indígenas, comunidades locales y costeras, con ejemplos de iniciativas que pueden ser fortalecidos y multiplicados.
Greenpeace International, junto a Mighty Earth, Rainforest Foundation Norway y Fern, publicó un Mapa y Marco Global Indicativo de Áreas Restringidas, que constituye un claro ejemplo de por qué los ecosistemas de alta integridad deben estar protegidos frente a las actividades extractivas y por qué estas actividades deben ser reguladas. El documento sostiene que el marco propuesto es un paso fundamental para garantizar que la minería no destruya la biodiversidad esencial, los ecosistemas naturales, los reservorios de carbono ni los sistemas de agua dulce.
Escrita por Diego Gonzaga para Greenpeace Interncaional
Súmate a Greenpeace Colombia y exijamos al gobierno terminar la destrucción de nuestra Amazonía.
Involúcrate
