El 22 de enero México depositó ante el Secretariado de la Organización de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú. Con ello, se cruzó el umbral mínimo requerido de 11 países para la entrada en vigor de este acuerdo, calendarizada para el 22 de abril próximo, coincidiendo con el Día de la Tierra. 

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en la región latinoamericana de los derechos de acceso a la información, a la participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. De esa manera se contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. También reconoce como principios la transparencia y la rendición de cuentas, la no regresión y progresividad, la buena fe, el principio preventivo y precautorio y la equidad intergeneracional entre otros. Un tema novedoso y vital que introduce el acuerdo es la protección a defensores ambientales, severamente golpeados en nuestra región.

Si bien un acuerdo, por sí solo, no resuelve la crisis ecológica que aqueja a nuestro país ni a la región, es un instrumento internacional  que fortalece las luchas en defensa de los territorios y del medio ambiente de la voracidad de los proyectos agroindustriales, energéticos, mineros, carreteros o de expansión urbana.

Su importancia para la protección del medio ambiente.

La importancia del Acuerdo de Escazú radica en que obliga a los países que son parte del mismo a garantizar que todas las personas tengan el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Los obliga también a adoptar todas las medidas necesarias -ya sean legislativas, reglamentarias, administrativas o de otra clase- para garantizar que el Acuerdo se implemente de manera efectiva.

Ejemplos específicos de la importancia del Acuerdo son el derecho de participación pública y acceso a la información que obliga al Estado mexicano a que las consultas en materia de proyectos o actividades en un determinado territorio tengan que presentar una manifestación de impacto ambiental de manera obligatoria y no optativa como hasta ahora; el derecho a acceder a la justicia y sus órganos jurisdiccionales y administrativos para defender al medio ambiente. Esto incluye que el Poder Judicial pueda disponer medidas cautelares y provisionales para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente, así como medidas para facilitar la prueba del daño ambiental, cuando corresponda y sea aplicable. También contempla mecanismos de reparación del daño mediante la restitución, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica más las garantías de no repetición del problema. Por último, se compromete la atención a las personas y comunidades afectadas, así como los instrumentos financieros para apoyar la reparación del daño ocasionado.

Es por todo lo anterior que Greenpeace saluda el paso dado por México ante las Naciones Unidas que permite la entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.  

El Gobierno mexicano debe ahora emprender todos los esfuerzos para su implementación en el ámbito nacional, lo que implica hacer las adecuaciones necesarias para su efectiva aplicación, así como un cambio de prácticas y vicios que venían limitando el acceso a nuestros derechos humanos.