Se tratará en febrero durante las sesiones extraordinarias
Buenos Aires, 20 de enero de 2025- Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE) y Jóvenes por el Clima alertan que durante febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso, se avanzará con el tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares. Desde las organizaciones advierten que esta iniciativa, que ya obtuvo un dictamen exprés en el Senado de la Nación, representa un grave retroceso en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, y exigen que no se avance con ningún cambio que debilite la ley vigente.
“Modificar la Ley de Glaciares en plena crisis climática e hídrica implica reducir la protección de reservas de agua dulce estratégicas para los argentinos y poner en riesgo la seguridad hídrica de más de 7 millones de personas. Los glaciares y el ambiente periglacial no son ‘hielo sin valor’: regulan los caudales de los ríos, sostienen las cuencas en contextos de sequía y cumplen un rol clave frente al aumento de las temperaturas”, dijo Matías Arrigazzi, del equipo de Greenpeace.
Argentina cuenta con casi 17.000 glaciares inventariados en 12 provincias, que alimentan 36 cuencas hídricas a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados. Los glaciares y el ambiente periglacial representan reservas hídricas estratégicas para el presente y el futuro de la población.
“Los ambientes periglaciarios no son territorios vacíos: albergan una gran diversidad de formas de vida que cumplen funciones ecológicas clave y sostienen equilibrios ambientales delicados. Muchas de estas especies y procesos naturales trascienden las fronteras políticas de las provincias, la naturaleza no reconoce límites administrativos. Hoy, estos ambientes y la biodiversidad que resguardan están seriamente amenazados, y su protección requiere una mirada integral, federal y basada en la ciencia”, destacó Hernán Casañas, Director Ejecutivo de Aves Argentinas.
Las organizaciones advierten además que el proyecto de modificación es inconstitucional. Vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, el principio precautorio y de prevención establecidos en la Ley General del Ambiente y el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú. La iniciativa traslada a las provincias la definición de qué glaciares y qué porciones del ambiente periglacial deben protegerse, rompiendo el carácter nacional y uniforme de los presupuestos mínimos ambientales y habilitando criterios desiguales para sistemas hídricos que no reconocen límites políticos.
“La reforma propuesta es altamente regresiva e inconstitucional, y terminará por erosionar las bases mismas de la seguridad jurídica que pretende promover. La Ley de Glaciares no necesita ser reformada; necesita, simplemente, ser cumplida“, sostuvo Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Aprobar esta modificación implica desproteger nuestras reservas estratégicas de agua dulce, reemplazando criterios técnicos y científicos por presiones políticas y económicas coyunturales, con consecuencias irreversibles para millones de argentinos durante décadas”, señaló Mercedes Pombo, cofundadora de Jóvenes por el Clima
Asimismo, dejar a evaluación administrativa provincial el “valor hídrico relevante” de glaciares y ambiente periglacial es científicamente incorrecto. Estas áreas almacenan grandes volúmenes de hielo en profundidad y cumplen un rol esencial en la regulación hídrica. Su destrucción implica la pérdida irreversible de agua que no puede recuperarse y abre la puerta a repetir episodios de contaminación ya conocidos, como los derrames registrados en proyectos mineros en zonas cordilleranas.
“Lo que está en juego es el agua. Se plantea sacrificar a los glaciares de miles de años, que dan agua para la vida, el trabajo y la agricultura para proyectos de grandes mineras transnacionales. Pero estos ríos nutren gran parte de nuestro país”, sostuvo Enrique Viale, Presidente y Fundador de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
La Ley de Glaciares es una norma pionera a nivel mundial: declara a los glaciares y al ambiente periglacial como bienes públicos y reservas estratégicas de agua, fue ratificada como constitucional por la Corte Suprema y demostró ser efectiva al proteger estas áreas frente al avance de más de 40 proyectos extractivos. Debilitarla no generará desarrollo sostenible, sino mayor vulnerabilidad climática, pérdida de agua, impactos sociales y costos económicos crecientes.
