Los glaciares son uno de los principales patrimonios ambientales de nuestro país. Tienen un rol clave en el abastecimiento de agua y son una de las reservas estratégicas fundamentales de este recurso natural en estado sólido.

Argentina sancionó en 2010 la ley 26.639 con el objetivo de proteger los glaciares y el ambiente periglacial (áreas con suelos congelados que actúan como reguladores del recurso hídrico). La norma establece la creación de un inventario nacional de glaciares y ambiente periglacial, y estipulaba un plazo de cinco años para su realización. Sin embargo, el inventario fue finalizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) en 2018.

En el registro se dejaron a cientos de cuerpos de hielo sin protección. Por eso, Greenpeace y otras organizaciones ambientales seguimos reclamando que también se incorporen los glaciares que miden menos de una hectárea. Nuestras reservas de agua dulce están en juego.

 

Veladero: minería que destruye glaciares

Además del cambio climático, las empresas mineras son una de las principales amenazas para estos cuerpos de hielo y su ambiente. La infraestructura para las minas se instala sobre ellos o su entorno y provoca consecuencias para siempre.

En general, la actividad minera metalífera que se desarrolla en nuestro país es a cielo abierto, y genera grandes impactos ambientales como los siguientes:

El caso más emblemático es la mina Veladero, en la provincia de San Juan, operada por la compañía multinacional Barrick Gold.

Argentina es el primer país de América Latina que aprobó una ley para proteger sus glaciares. Y allí prohíbe la exploración y explotación minera en ambiente glaciar y periglacial. La misma norma establece que hay que preservarlos porque son reserva de agua para nuestro consumo, para la agricultura y proveen agua para recargar los ríos.

Por este motivo, para poder continuar con su operación minera, Barrick Gold inició una demanda en 2011 contra el Estado Nacional, con el apoyo de la provincia de San Juan. De esta forma intentaba demostrar que la Ley de Glaciares era inconstitucional.

En Greenpeace comprobamos que las instalaciones de la mina Veladero están localizadas sobre ambiente periglacial, en una clara violación a la ley. Además, el emprendimiento se encuentra dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo, lo cual pone en riesgo el agua, la vegetación y a más de 125 especies animales de la zona.

De hecho, en la operación minera Veladero hubo varios derrames tóxicos.  El más grave ocurrió en septiembre de 2015, cuando más de 1 millón de litros de solución cianurada contaminó cinco ríos de San Juan. Hasta el momento, este es el peor desastre ambiental provocado por una minera en nuestro país.

Finalmente, en junio de 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad que la Ley de Glaciares es constitucional. El fallo señala que la responsabilidad en la protección de glaciares es compartida entre Nación y las provincias. También, reafirma que los derechos individuales como el de propiedad ceden ante derechos colectivos como el derecho al agua.

Esta decisión debería poner un freno a los 44 proyectos mineros que pretenden avanzar sobre áreas con glaciares o protegidas legalmente. Entre ellos, la mina Veladero. Sin dudas, este logro es resultado del trabajo que realizamos junto a asambleas, comunidades de San Juan y organizaciones civiles y sociales de diferentes lugares del país. 

Desde Greenpeace vamos a seguir reclamando al gobierno nacional la correcta aplicación de la Ley de Glaciares, la inclusión de todos los cuerpos de hielo en el inventario y el cierre del emprendimiento Veladero. No puede haber minería sin dañar el medio ambiente. Sabemos que el agua que contienen los glaciares es un recurso muy valioso. La Justicia ya lo defendió.

 

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