30 de enero de 2026.- Greenpeace señaló que la ayuda anunciada por el gobierno nacional ante la emergencia ígnea en la Patagonia llega tarde. El incendio en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el 9 de diciembre y, desde mucho antes, distintas organizaciones ya habían advertido sobre el riesgo extremo de incendios forestales en la región. La organización, además, resaltó la contradicción que implica promover la flexibilización de la Ley de Glaciares.
En septiembre pasado, Greenpeace alertó formalmente a gobernadores y autoridades nacionales sobre la gravedad de la situación, y cuestionó públicamente el desfinanciamiento de las Leyes de Bosques y de Manejo del Fuego, y la falta de brigadistas. Estas advertencias se daban, además, luego del peor verano de incendios en la Patagonia en los últimos 30 años. (1)
Tras casi dos meses de incendios, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Ígnea en la Patagonia mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, en el que reconoce que las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por la sequía y los vientos intensos, generaron daños ambientales significativos, superaron la capacidad de respuesta estatal y pusieron en riesgo a la población. Sin embargo, el mismo no cuenta con una partida económica específica. (2)
“Es hipócrita declarar la emergencia ígnea y, al mismo tiempo, avanzar en medidas que habiliten la destrucción de glaciares. No se puede combatir incendios y sequías extremas mientras se ataca a los principales aliados para enfrentar la crisis climática que son también una de las principales fuentes de agua dulce del país”, aseguró Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace.
Las condiciones que propiciaron la emergencia descritas en el decreto son precisamente las que la Ley de Glaciares busca mitigar al proteger las principales reservas de agua dulce del país. En ese sentido, Greenpeace remarcó la contradicción central del Gobierno: mientras declara la emergencia por incendios y reconoce la gravedad del escenario marcado por sequías y eventos climáticos extremos, impulsa modificaciones que ponen en riesgo a los glaciares, principales reservas estratégicas de agua dulce del país.
“No se trata de una contradicción discursiva, sino de una decisión política concreta que puede agravar las condiciones de sequía, escasez de agua y vulnerabilidad ambiental que hoy el propio Estado reconoce como una emergencia”, agregó Rossi Serra.
La organización exigió que no se avance en la modificación de la Ley de Glaciares y reclamó una política ambiental coherente, que priorice la protección de los bienes comunes y garantice agua para las generaciones presentes y futuras.
Notas:
