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por Rex Weyler

En el otoño del 2016, viajé a la cuenca del Amazonas en Ecuador, donde conocí comunidades indígenas y agricultores campesinos cuya tierra había sido contaminada por residuos tóxicos de petróleo. Habían ganado una sentencia histórica contra la empresa Chevron, pero la compañía se negaba a pagar. Visité la única, pequeñísima clínica, atendiendo a miles de pacientes con cáncer, y también conocí al abogado estadounidense de las víctimas, que ha dedicado los últimos 27 años defendiendo sus derechos.

Steven Donziger, abogado por 27 años de las víctimas de Chevron, en una estación de petróleo en la Amazonía ecuatoriana.

Probablemente nunca hayas escuchado de Steven Donziger, pero creo que la historia colocará a Donziger – un hombre vilipendiado por sus contrincantes corporativos – junto a Gandhi, Susan B. Anthony, Martin Luther King, Vandana Shiva, y otros líderes de derechos humanos y resistencia ambiental contra la arrogancia y mala conducta corporativa.

Mientras escribo este artículo, Donziger sigue retenido con arresto domiciliario por seis meses. A pesar de no haber sido declarado culpable de ningún delito. Según todos los indicios, Donziger es aparentemente un prisionero político de una corporación privada apoyada por un juez federal dispuesto a cooperar con ellos.

Vivimos en una era de gran deterioro ecológico y disparidad social. Las toxinas contaminan toda la vida en la Tierra, cerca de la mitad de los bosques del Pleistoceno de la Tierra han desaparecido, y miles de especies se extinguen cada año. Mientras tanto, de acuerdo con la ONU, más de nueve millones de personas se mueren de hambre al año, y más de 800 millones de personas sufren de desnutrición crónica. En diciembre, un testigo de la violencia contra las comunidades indígenas de Brasil concluyó, “No hay justicia ambiental sin justicia social.” 

El vínculo entre la protección ecológica y los derechos humanos es evidente en la cuenca Amazónica del Ecuador, donde la contaminación masiva por petróleo ha destruido bosques y granjas y ha dejado a algunas de las personas más pobres del mundo con defectos congénitos y una epidemia de cáncer. En 1993, el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), representando a 30,000 víctimas de Chevron por la contaminación por desechos tóxicos de petróleo, le pidió a Donziger su ayuda para ganar una compensación por lo que es probablemente el desastre relacionado con petróleo más grande de la historia.

Hace ocho años, Donziger y el equipo del FDA ganaron la sentencia más importante en la historia de violaciones ambientales y de derechos humanos, un veredicto de $9.5 mil millones contra la Corporación Chevron.

Luego de este fallo, Chevron vendió sus activos en Ecuador, huyó del país, amenazó a los demandantes con una “vida de litigios” si intentaban cobrar, y – de acuerdo a memos internos de Chevron – a modo de represalia, lanzaron una campaña para “satanizar” a Donziger. Por las acciones posteriores de Chevron, parecería que también intentaron empobrecerlo para que no pueda continuar trabajando en cobrar el monto de la sentencia en otras jurisdicciones.

El defensor público

 Photograph courtesy of Steven Donziger.
Steven Donziger con los demandantes indígenas en Ecuador.

Luego de graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard en 1991, Donziger se convirtió en un Defensor Público, representando a jóvenes en Washington DC. En Iraq, durante la primera Guerra del Golfo, Donziger ayudó a documentar las víctimas civiles y co-escribió un informe adoptado por Naciones Unidas. Desde 1993, el caso de contaminación de Ecuador ha cosumido su carrera legal.

La tragedia ecológica y de derechos humanos empezó en 1964, cuando Texaco (ahora Chevron), descubrió petróleo en Ecuador. La petrolera ignoró las regulaciones sobre residuos, vertiendo 16 mil millones de galones de aguas residuales tóxicas en ríos y pozos, contaminando aguas subterráneas y tierras agrícolas.

De acuerdo con Amazon Watch, Chevron infringió normas ambientales para ahorrar un estimado de $3 en cada barril de petróleo producido, ganando un extra de $5 mil millones en un periodo de 20 años.

En 1993, en una corte federal de Nueva York, Donziger y el equipo legal interpusieron una demanda de acción colectiva contra la empresa. En el 2000, Chevron compró Texaco, e insistió que el caso fuera movido a Ecuador, y presentó 14 declaraciones juradas jurando respetar el sistema judicial ecuatoriano como competente y adecuado para juzgar el caso.

En el juicio en Ecuador, 54 inspecciones judiciales del lugar confirmaron que Chevron causó contaminación petrolera en violación de estándares legales. Los informes revelaron que el pozo promedio de Chevron en Ecuador contenía 200 veces más contaminación que la permitida por los estándares estadounidenses y mundiales.

Cerca de 900 piscinas de desechos ilegales se filtraron en las aguas subterráneas, el agua local para consumo humano se tornó tóxica, y los ciudadanos se enfermaron. La contaminación contenía niveles ilegales de barrio, cadmio, cobre, mercurio, plomo, y otros metales que pueden dañar los sistemas inmunes y reproductivos y causar cáncer. Los niños nacieron con defectos congénitos.

Veronica Gauman, a casualty of the birth defect epidemic
Veronica Gauman y su madre Carmen, una familia de miles, que se convirtieron en víctimas de la epidemia de defectos de nacimiento producto de la contaminación por petróleo. © Amazon Watch.

En el 2011, luego de ocho años de juicio y deliberaciones, obstaculizados por las tácticas dilatorias de Chevron, Donziger y su equipo ganaron el caso en Ecuador.

Dos cortes de apelaciones y la Corte Suprema del país confirmaron la decisión. Un total de 17 jueces de alzada fallaron de manera unánime que Chevron era responsable por la contaminación y le debía a los clientes de Donziger $9.5 mil millones. Donziger contaba con que sus clientes recibirían atención médica y reparaciones a sus tierras.

Sin embargo, Chevron desafió a las cortes ecuatorianas, donde había insistido que se realizara el juicio. Se negó a pagar la deuda y empezó a difamar a las cortes de Ecuador, iniciando un ataque en represalia contra las víctimas y Donziger.

Satanizar a Donziger

Para atacar a Donziger, Chevron contrató detectives privados para seguirlo a él, a su familia y a sus colaboradores. Contrataron a una de las más notorias firmas de abogados, los declarados especialistas en “rescate corporativo” Gibson, Dunn y Crutcher. El Tribunal Superior de Inglaterra censuró a Gibson Dunn por fabricar evidencia en un caso previo. Jueces en California, Montana, y Nueva York han censurado a Gibson Dunn por manipulación de testigos, obstrucción, intimidación, y “brutalidad legal.” En Ecuador, los abogados de Gibson Dunn incluso amenazaron a jueces con prisión si fallaban contra Chevron.

Para “satanizar” a Donziger, los abogados de Gibson Dunn interpusieron un juicio civil sobre crimen organizado, basados en la ley RICO, contra él y dos demandantes ecuatorianos, el líder indígena Secoya Javier Piaguaje y el campesino Hugo Camacho. El Juez Lewis Kaplan – ampliamente conocido como aliado de las grandes corporaciones – decidió conocer el inusual caso, que se convertiría en una de las más notorias demandas intimidatorias (demandas SLAPP) de todos los tiempos. El reconocido abogado litigante John Keker, que ha representado a Donziger, llamó al juicio Kaplan una “farsa Dickensiana” impulsado por la “hostilidad implacable” contra Donziger.

Kaplan había dedicado 24 años a la firma Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, conocida por ayudar a grandes bancos como Citigroup a escapar de cargos por fraude. En un caso de fraude relacionado con paraísos fiscales contra una empresa de contabilidad, la gigante corporativa KPMG, Kaplan desestimó casos contra 13 ejecutivos inculpados, a pesar de que la compañía había admitido su conducta criminal y había pagado $456 millones en sanciones.

En su ataque a Donziger, Kaplan autorizó a Gibson Dunn que cite a declarar a docenas de personas que habían ayudado a financiar el caso, acosando a ciudadanos inocentes como si contribuir a pagar gastos judiciales fuera ilegal. Cuando Kaplan inobservó las garantías de confidencialidad de los medios de comunicación, solicitando al cineasta Joseph Berlinger que entregara las tomas descartadas de su documental del 2009, Crudo: El Auténtico Precio del Petróleo, una coalición de medios — incluyendo el New York Times, NBC, y HBO —  interpusieron una objeción al tribunal, basados en la Primera Enmienda de Estados Unidos.

Kaplan y su abogado de Gibson Dunn, Randy Mastro, reiteradamente insultaron a las cortes de Ecuador. Mastro llamó a las cortes ecuatorianas “una farsa.” Kaplan sostuvo que el juicio ecuatoriano “no fue un litigio de buena fe,” e insultó a las víctimas de la acción colectiva, llamándolos los “pseudo demandantes.”  

Al imponer un plazo imposible de cumplir, Kaplan invocó un tecnicismo para argumentar que Donziger había “renunciado” a todos los privilegios cliente-abogado, e insistió que entregara 17 años de comunicaciones confidenciales con sus clientes. Los abogados de la defensa llamaron a esto “la más radical producción forzada de documentos confidenciales de la historia.” El juez pro-empresas prohibió a la defensa siquiera mencionar “la contaminación en Ecuador”, lo cual dijo que era “irrelevante.”

Oil polluting Ecuador's rivers. © Amazon Watch
Contaminación por petróleo en ríos ecuatorianos. © Amazon Watch

En vísperas del juicio RICO, Chevron retiró su reclamación de daños, posibilitando a Kaplan desestimar al jurado de investigadores imparciales, y así poder decidir el resultado él solo. “A Chevron,” dijo Donziger, “aparentemente le asustó la idea de tratar de vender sus acusaciones de fraude a cualquier otra persona que no fuera Kaplan.” Kaplan permitió testigos anónimos de Chevron, lo cual los abogados de la defensa dijeron que violó “principios legales básicos” y “comparable con la Inquisición Española.”  

Finalmente, Kaplan aceptó al testigo estrella de Chevron, Alberto Guerra, un ex-juez ecuatoriano caído en desgracia, que había sido removido de la magistratura por aceptar sobornos, y quien recibió cerca de $2 millones en efectivo y otros beneficios por parte de Chevron, en violación de principios legales y éticos.

A cambio, Guerra afirmó que Donziger había aprobado un “soborno” a un juez ecuatoriano y que él había escrito el fallo final para el juez, el cual supuestamente le entregó en un disco de computador. Nunca se entregaron pruebas que corroboraran esa versión. Guerra luego admitió haber mentido a Chevron sobre estos hechos para obtener una recompensa mayor por su testimonio, y una investigación forense del computador del juez probó que él había mentido. A todas luces, toda la historia había sido pre-fabricada para incriminar a Donziger.

Sin embargo, sin un jurado, el Juez Kaplan aceptó la evidencia pre-fabricada de Guerra y “condenó” a Donziger por fraude.

Finalmente, Kaplan ordenó a Donziger entregar su computador y celular para que Chevron los revisara. Debido a que esta orden vulneraba el principio básico de confidencialidad cliente-abogado, Donziger legítimamente se negó a obedecer la orden descabellada de Kaplan hasta que el tribunal de apelaciones decidiera sobre el asunto.

Furioso, Kaplan acusó a Donziger de desacato penal. Sin embargo, la orden y el cargo de desacato eran tan descabellados que la Oficina del Fiscal de Nueva York se negó a tomar el caso. Kaplan desafió a las autoridades estatales y designó a una firma privada de abogados para que hicieran las veces de fiscal, quienes, a su vez, ordenaron que Donziger fuera puesto en “prisión preventiva domiciliaria.”

Ahí es donde ha estado por los últimos seis meses, mucho más tiempo que la sentencia más larga alguna vez impuesta a un abogado acusado de desacato. Su abogado cree que él es la única persona en Estados Unidos en detención preventiva por una falta menor.

La gran injusticia

“El Sr. Donziger vino a ayudarnos cuando nuestras comunidades habían sido contaminadas, y nos enfrentamos contra una de las más grandes empresas del mundo,” dijo Luis Yanza, co-fundador y presidente del FDA. “Gracias a la labor generosa del Sr. Donziger, tres instancias judiciales en Ecuador encontraron a Chevron culpable de verter de manera deliberada miles de millones de desechos tóxicos de petróleo en la selva amazónica. Chevron se ha negado a pagar la compensación ordenada por la justicia y, al contrario, se ha propuesto, en sus propias palabras, “satanizar a Donziger.”

El abogado de Donziger, Andrew Frisch, ha declarado que “el caso Chevron… se fundamentó en el testimonio de un testigo pagado a quien lo recompensaron con más de $1 millón. El testigo admitió haber cambiado su historia varias veces para hacer más atractivo su acuerdo con Chevron.” Frisch dijo que las decisiones de Kaplan, “han sido rebatidas en su totalidad o en parte por diecisiete jueces de alzada en Ecuador y diez en Canadá, incluyendo la decisión unánime de las más altas cortes de ambos países.”

“El Sr. Donziger es una persona con integridad” testificó el abogado Deepak Gupta en la audiencia del Colegio de Abogados de Nueva York. “El Sr. Donziger es indiscutiblemente un defensor dedicado a ayudar a los pueblos indígenas y las comunidades locales de la Amazonía juegan todas en el mismo terreno de la litigación civil… dominada por los Chevron del mundo. Nunca había visto a un juez cuyo desprecio por una de las partes del caso sea tan evidente. Se estaba cometiendo una gran injusticia.”

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Rex Wyler (izquierda) con el abogado, Aaron Marr Page, en una piscina de Chevron en Ecuador

“No me propuse ser un abogado ambientalista,” dice Donziger. “Simplemente acepté buscar una remediación para 30,000 víctimas por la destrucción de sus tierras y agua; acepté buscar asistencia para las afectaciones a su salud incluyendo defectos de nacimiento, leucemia, y otros tipos de cáncer; y ayudarles a restablecer su ecosistema Amazónico y su dignidad básica. Yo esperaba que Chevron se defienda, y tuvieron la oportunidad de hacerlo durante el juicio que duró ocho años en Ecuador. No esperaba, sin embargo, los extremos a los que llegarían para atacarme a mí personalmente, para atacar a mi familia, para atacar a sus víctimas, y para desafiar una sentencia legal de que deben pagar por sus crímenes, lo cual fue probado en un tribunal de justicia.”

Aquellos afectados por la contaminación de Chevron son gente humilde, honorable y que trabajan para subsistir. No tenían dinero para contratar abogados. Donziger resolvió ese problema al lograr que donantes e inversionistas compren pequeñas porciones del fallo para pagar gastos del caso. Reclutó a destacados litigantes en Ecuador, Estados Unidos, y Canadá. “Esta es la primera vez que pueblos indígenas y campesinos en situación de pobreza tenían acceso a este nivel de capital y talento jurídico, razón por la cual Chevron está tan atemorizado con este modelo,” dijo Donziger. “Chevron no solo quiere ganar el caso, quieren matar la idea misma del caso.”  

“Este no es un caso solo sobre el futuro del Sr. Donziger”, dijo Simon Taylor, director de Global Witness en Lóndres. “Una injusticia continua contra él desalentaría el importante trabajo de otros defensores ambientales o de aquellos que abogan por una mayor responsabilidad corporativa y que se encuentran en batallas legales similares contra corporaciones poderosas. Esto es particularmente preocupante, dado nuestro trabajo sobre las crecientes amenazas e intimidación judicial contra los defensores del medioambiente.”

Debido a la decisión de Kaplan, y por la presión de Kaplan y los abogados de Gibson-Dunn, el Comité de Reclamos del Colegio de Abogados de Nueva York suspendió la licencia de abogado de Donziger sin una audiencia. Sin embargo, un árbitro del Colegio de Abogados y ex Fiscal Federal, John Horan, convocó a una audiencia y recomendó la devolución de la licencia de Donziger. “El alcance de la persecución por parte de Chevron es tan exagerado, y en este punto tan innecesario y punitivo,” escribió Horan. “Mi recomendación es que su suspensión temporal debe terminar, y que se le debe permitir continuar con el ejercicio del Derecho.” Donziger respondió que, “Cualquier oficial judicial neutral que analice objetivamente el expediente casi siempre encuentra evidencia contra Chevron y Kaplan,” y añadió que “el rumbo está cambiando y la evidencia sólida sobre la extrema injusticia en el juzgado de Kaplan será revelado.”  

A pesar de recuperar su licencia de abogado, Steven Donziger continúa con arresto domiciliario, usando un brazalete en su tobillo. Parece ser que el único fraude en este caso es aquel cometido por los ataques de represalia de Chevron contra el Sr. Donziger y sus clientes, y por los testigos pagados de Chevron, que entregaron evidencia pre-fabricada. Su trabajo a favor de las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía ecuatoriana es una labor en beneficio de todos nosotros. Su compasión y perseverancia aportan un modelo imperecedero de compromiso ciudadano hacia la ecología, la justicia, y la decencia colectiva.