Greenpeace desplegó frente al Congreso un cartel de 50 metros de largo que llevaba el mensaje“El agua es un derecho, no se negocia”. La organización advirtió en varias oportunidades sobre el riesgo inminente que corren las mayores reservas de agua dulce de Argentina y exige blindar estos ecosistemas frente a proyectos extractivos.
Buenos Aires, 10 de febrero 2026 – En la segunda semana del período de sesiones extraordinarias de 2026 en el Congreso, activistas de Greenpeace llegaron nuevamente al lugar para dejar un mensaje claro: el agua no se negocia y la Ley de Glaciares no se toca. La intervención de la organización se da en el marco del proyecto de reforma a la legislación ambiental, que se tratará en este período extraordinario.
“La protección de los glaciares no es un simple tecnicismo legal, sino una decisión que impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos y argentinas. Reducir los estándares de protección actuales, lejos de ser un avance, representaría un retroceso peligroso que compromete el acceso al agua de las generaciones presentes y futuras”, señala Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
El proyecto de modificación de la ley plantea, entre otros puntos, delegar en las administraciones provinciales la potestad de decidir qué glaciares merecen protección. Esta propuesta rompe con el carácter nacional y uniforme de protección que exige la Constitución Nacional y abre la puerta a criterios dispares para un sistema hídrico que no reconoce fronteras políticas. Al dejar en manos de las provincias la decisión sobre qué glaciares cumplen o no una “función hídrica demostrable”, se corre el riesgo de que primen intereses económicos inmediatos por sobre la preservación del agua. Esta fragmentación de criterios para un sistema hídrico que no conoce fronteras políticas generaría una desigualdad jurídica y ambiental sin precedentes en el país.
Una ley clave bajo amenaza
La Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial es una norma pionera en el mundo que los declara como bienes públicos y reservas estratégicas de agua dulce.
Según advierte Rossi Serra, “la reforma de la ley ignora y vulnera gravemente los compromisos tanto nacionales como internacionales asumidos por Argentina para enfrentar la crisis climática. No hay desarrollo posible si se recortan las bases de protección que garantizan seguridad hídrica y estabilidad para las comunidades y ecosistemas”. En efecto, la iniciativa contradice normativas como el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y la Constitución Nacional, particularmente en el artículo 41, y abre la puerta a una gestión discrecional por parte de las provincias que podría derivar en desastres ambientales ya conocidos.
Debilitar la ley vigente significa exponer a las comunidades a una mayor vulnerabilidad climática y económica, afectando la disponibilidad de agua en la mayor parte del país para el consumo humano, y actividades como la agricultura y el turismo.
Proteger los glaciares es una política de Estado que la sociedad argentina ya eligió y que la Corte Suprema ratificó en 2019. “El Congreso debe respaldar la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y no retroceder en lo ya establecido. Cuidar los glaciares no es frenar el desarrollo: es asegurar que el país tenga agua para sostenerlo”, asegura Agostina Rossi Serra: “La decisión que se tome en los recintos legislativos en las próximas semanas definirá el futuro hídrico de la Argentina de los próximos años”
Glaciares, guardianes del agua
En un contexto global donde 2024 y 2025 se consolidaron como los años más cálidos de la historia, Argentina enfrenta un desafío crucial para su seguridad hídrica. La cordillera de los Andes es el hogar de más de 16.000 glaciares inventariados que abastecen de agua a millones de personas de forma directa. En regiones áridas, los glaciares y el hielo contenido en el ambiente periglacial son, en muchos casos, la principal fuente de agua que sostiene la vida y las actividades productivas locales.
El ambiente periglacial —que incluye suelos congelados y glaciares de escombros— cumple un rol central en la regulación del agua. En zonas de montaña, hasta un 20 % de la infiltración depende de estos ambientes y, en años de fuerte sequía, su aporte puede incluso superar el 30 % en situaciones extremas.
“Destruir estas reservas bajo la excusa de que no son “hielo visible relevante” es una decisión que no tiene rigor científico y que el país no puede permitirse, ya que se perdería un recurso vital y un derecho básico que es imposible de recuperar”, agrega Rossi Serra.
