Buenos Aires, 31 de julio de 2025.- La Justicia penal provincial citó a indagatoria a gerentes y a un representante legal de la empresa Atanor por delitos ambientales graves relacionados con la explosión ocurrida el 20 de marzo de 2024 en la planta de San Nicolás (1). Las organizaciones Greenpeace y la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) aseguraron que esta decisión constituye un paso clave hacia la responsabilidad penal de quienes estuvieron al frente de la empresa en ese momento.
La medida fue dispuesta por el fiscal Patricio Mujica Díaz, titular de la UFI N.º 1 de San Nicolás. La imputación incluye los delitos de contaminación culposa agravada, atentado a la salud pública, violación a la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051) y a la Ley General del Ambiente (Ley 25.675). La causa investiga la explosión del reactor de atrazina de 2024, que liberó gases y sustancias tóxicas —entre ellas, cloruro de cianurillo y atrazina— y produjo la contaminación de aire, suelo, agua y biodiversidad, y afectó la salud de trabajadores y vecinos.
“Durante años, los vecinos de San Nicolás convivieron con una planta que operaba en la impunidad. Este avance judicial es una señal de que la verdad empieza a abrirse paso frente a una situación de daño ambiental sostenido y sistemático”, afirmó Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Por su parte, los abogados de los vecinos afectados y de la organización FOMEA – Gimena Viviani y Fabián Maggi- expresaron el respecto que “es un hito trascendental, ya que la empresa desplegaba conductas ilegales protegida por una garantía de impunidad no escrita, que se ha logrado quebrar con este llamado a indagatoria. Cabe recordar que Atanor tiene históricamente varias denuncias penales, algunas con más de una década de investigación, y que, a pesar del contundente material probatorio recolectado, los directivos responsables nunca habían sido llamados a declarar. Por eso, este llamado, fue muy bien recibido por los vecinos afectados y las organizaciones sociales. Por primera vez, los responsables están formalmente acusados por graves delitos penales”.
Para Greenpeace Argentina, que acompaña el reclamo, este nuevo paso confirma lo ya denunciado: el accionar de Atanor expuso a la comunidad de San Nicolás a sustancias peligrosas, en un contexto de descontrol y desprotección ambiental.
La citación realizada por la justicia se basa en pruebas oficiales acreditadas mediante informes del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. En particular, el Ministerio de Ambiente confirmó que la contaminación con atrazina afecta no solo la superficie del suelo, sino también capas profundas, lo que indica una contaminación histórica y persistente que expone de manera constante a los vecinos del entorno. Además, muestras tomadas fuera de la zona de impacto directo también evidenciaron la presencia de esta sustancia, lo cual refleja una contaminación masiva en los barrios aledaños.
Además, una auditoría independiente contratada por la propia empresa en 2024 también confirmó que la contaminación provocada por la explosión alcanzó zonas habitadas y afectó la vegetación. A ello se suma el dictamen de un perito, quien atribuyó responsabilidad directa a la empresa por falta de inversión en medidas de seguridad y controles ambientales adecuados.
Hace semanas, como resultado de un nuevo hecho de contaminación, las autoridades ordenaron la clausura de la planta de Atanor en San Nicolás. La medida fue ejecutada por la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense luego de constatar el vuelco de sustancias contaminantes en el suelo natural de la empresa implicando la persistencia de un grave riesgo ambiental.
Para las organizaciones, esta causa penal representa una oportunidad histórica para sentar un precedente frente a las prácticas ilegales e impunes de la industria química en zonas urbanas. “No se trata solo de un caso puntual: la experiencia de San Nicolás desnuda un modelo productivo que pone en riesgo la vida y el ambiente, amparado en la falta de control estatal”, señaló Rossi Serra. “La clausura de la planta y la imputación de sus gerentes deben marcar un punto de inflexión. El daño ambiental no puede seguir impune, y este proceso judicial puede abrir el camino hacia una mayor responsabilidad penal y ambiental de las empresas que contaminan”.
Más información:
- Citación a indagatoria a los responsables de la planta en San Nicolás: https://www.greenpeace.org/static/planet4-argentina-stateless/2025/07/5fa4c95a-llamado-indagatoria-ipp-atanor.pdf
