Tras manifestaciones de comunidades y grupos ecologistas, un Tribunal Federal canadiense dictaminó que el gobierno nacional no consultó adecuadamente con las pueblos originarios el proyecto de expansión del oleoducto Trans Mountain y tampoco consideró los impactos del aumento del tráfico de buques cisterna. La decisión conduce a un importante revés para el gobierno canadiense y constituye una victoria para los pueblos originarios.
Diana Best, coordinadora de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace EE.UU, dijo:
“Los tribunales canadienses han confirmado que los derechos de los pueblos originarios no fueron respetados y que debe existir una consulta adecuada con las comunidades que se verán afectadas por proyectos peligrosos como este. Esta decisión no es solo una victoria para los pueblos originarios de Canadá, sino también para los defensores del medioambiente en todo el mundo”.
La decisión podría significar un retraso significativo para el gobierno de Justin Trudeau que en mayo acordó comprar la tubería e infraestructura del oleoducto Trans Mountain a la compañía Kinder Morgan.por $ 4.5 mil millones de dólares canadienses.
“La decisión refuerza los grandes riesgos financieros asociados a los proyectos de oleoductos. Los bancos y las instituciones financieras que proveen fondos deberían reconsiderar, ya que estos proyectos siguen enfrentando demandas, demoras, costosas limpiezas de derrames de petróleo y un creciente movimiento de oposición que se está extendiendo por todo el mundo“, agregó Best.
El obstinado apoyo del gobierno de Trudeau al proyecto de expansión del oleoducto Trans continúa debilitando el papel de Canadá como líder climático global y contradice sus compromisos del Acuerdo de París y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ambos firmados por el gobierno canadiense.