El jueves 20 de septiembre expiraba el plazo para que la Corte Suprema de Justicia de Honduras decidiera si aceptaba el recurso de recusación presentado por los abogados de la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una decisión que implicaría cambiar el caso de jueces y tribunal.
El juicio contra los ocho imputados como autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, que debía comenzar el pasado lunes 17 de septiembre, se suspendió debido a este recurso de recusación. El recurso consiste en dos denuncias por los delitos de abuso de autoridad, encubrimiento, violación de los deberes de los funcionarios y negación de justicia. Estas denuncias se fundamentan en la falta de respuesta de parte del tribunal ante la desobediencia constante expresada por el Ministerio Público en su negativa a entregar información de suma relevancia para garantizar los derechos de las partes.
El miércoles 19 de agosto fue recibido el recurso de recusación en la Corte de Apelaciones de lo Penal, lo que significa que el tribunal tendría 24 horas para emitir un informe. Según los expertos, si se desestima el tribunal volverá a citar a las partes y señalará nueva fecha para el juicio. Si la Corte Suprema establece que hay razones para la recusación nombrará otro tribunal.
A la fecha, seguimos a la espera de la respuesta de la Corte Suprema a la recusación del tribunal por parte de la familia de Berta y el COPINH.
No hay un plazo, pero la prisión preventiva de los cuatro primeros imputados vence el 2 de noviembre, y esa es una presión fuerte para el sistema judicial de Honduras.
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