Imagina que un día cualquiera te enteras que adyacente a tu colonia, comunidad o ejido empiezan a levantar una obra y no sabes de qué se trata; acudes a preguntar a la constructora y te informan que se trata de una obra de vialidad sin que nadie consultara a la gente que vive alrededor. Este caso puede repetirse para un proyecto aeroportuario o con actividades más riesgosas como una mina a cielo abierto o una presa de jales que contendrá un coctel de sustancias tóxicas.

Esto mismo les ha ocurrido a habitantes del poblado de Bacánuchi, Sonora, que un buen día se enteraron de la construcción de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, aledaña a su comunidad sin que nadie les preguntara. 

Sí, en la misma zona donde el 6 de agosto de 2014 ocurrió el mayor desastre ecológico en la historia minera del país: 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente la calidad y proyecto de vida de más de 22 mil personas que a la fecha siguen enfrentando los impactos ambientales y de salud por esta tragedia.

mina sonosraFoto: Greenpeace/Iván Castaneira

La falta de información y participación en un proyecto de esta envergadura, que les atañe a todas luces, les llevó a presentar una vía legal en el año 2016, exigiendo el respeto y cumplimiento efectivo de dichos derechos humanos.

El próximo 22 de agosto, la Segunda Sala de la Suprema Cortede Justicia de la Nación (SCJN) podría resolver un juicio de amparo de gran relevancia para habitantes de comunidades que están siendo afectadas por proyectos productivos o actividades que tienen el potencial de generar daños a su salud y al medio ambiente.

En este sentido, los ministros y ministras de la Suprema Corte determinarán si se reconoce plenamente la existencia del derecho a participar en asuntos de interés público de tipo medioambiental, derecho que supone la obligación de las autoridades de informar, consultar y dejar participar a las personas y comunidades antes del proceso de autorización de dichos proyectos, en tanto que las leyes secundarias no garantizan una participación efectiva.

 

La participación ciudadana en politicas publicas y en actos de autoridad que impliquen la adopción de decisiones es un derecho humano, vital para el mantenimiento de sociedades democraticas con gobiernos abiertos a recibir opiniones y comentarios aun cuando sean discordantes con su visión de gobierno.

La SCJN tiene la oportunidad histórica de “permitirnos soñar” que un día los gobiernos nos informen y consulten sobre decisiones que pueden alterar negativamente el curso de nuestras vidas y de las generaciones futuras. Merecemos un futuro limpio, merecemos participar en decisiones de gobierno #ParticipacionYa. 

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