Declaración conjunta de organizaciones y referentes sociales, de la sociedad civil y la academia.

Los incendios forestales arrasaron miles de hectáreas de bosques y viviendas en la Patagonia, incluso en Parques Nacionales. La crisis climática, la sequía, el viento, las altas temperaturas y los pinos exóticos aumentan los riesgos. Greenpeace reclama al gobierno nacional y a las provincias más prevención, brigadistas e infraestructura para dar respuesta rápida a los incendios, y penalizar la destrucción de bosques.

Ante los incendios que afectan a El Hoyo y Epuyén, en la provincia del Chubut, expresamos nuestro rechazo a las declaraciones del gobernador Ignacio Torres y de autoridades del gobierno nacional, quienes atribuyeron de manera inmediata y sin pruebas la supuesta intencionalidad de los hechos a integrantes del pueblo mapuche.

Estas acusaciones no son nuevas: se repiten frente a cada incendio forestal sin que exista hasta hoy una sola condena ni avances reales en las investigaciones. Este accionar vulnera principios básicos del Estado de Derecho y constituye una estrategia política para evadir responsabilidades.

La determinación de intencionalidad en un incendio forestal es uno de los factores más controvertidos de la ciencia forense en todo el mundo por su complejidad y por haber generado condenas erradas en el pasado. Por lo tanto, requiere de procedimientos científicos serios llevados a cabo por expertos competentes. Ello contrasta con la superficialidad y la ligereza exhibida por quienes desde la política utilizan el tema para estigmatizar o desviar la atención de su propia responsabilidad.

La maniobra de señalar culpables sin evidencia impide discutir el abandono del Estado en materia de prevención y manejo del fuego. No se discute la precarización de las y los brigadistas, la ausencia de políticas públicas de restauración ambiental en los territorios afectados, ni la promoción del monocultivo de pinos. En cambio, se instala un discurso racista que desvía la atención de la falta de políticas y de decisiones que favorecen la concentración, extranjerización de tierras y el avance del negocio inmobiliario sobre los
bosques.

Los incendios no son hechos imprevisibles: se repiten y se agravan en un contexto de crisis climática largamente advertida. Exigimos investigaciones serias, información pública responsable y políticas integrales de prevención, combate del fuego y restauración. Acusar sin pruebas no apaga el fuego: sólo encubre la inacción y profundiza la injusticia.

Primeras firmas

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Innocence Project Argentina, Greenpeace Argentina, Amnistía Internacional Argentina, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Asociación de Abogados Ambientalistas, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), INCLO, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ATE Capital , No a la Mina, Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias, Confederación Mapuche de Neuquén, Xumek.

También acompañan Myriam Bregman, Manuel Garrido, Andrea Gamarnik, Alberto Kornblihtt, Dora Barrancos, Maitena, Elizabeth Jelin, Guillermo Folguera, Lorena Vega, Esteban PaulónDarío Sztajnszrajber, Dolores Reyes, Graciela Speranza, Mariana Carbajal, Érica Rivas, Juan Carlos Radovich, Dolores Fonzi, Diego Iglesias, Elisabeth Gómez Alcorta, Lucas Chiappe, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Gastón Chillier, Sofía Nemenmann, Sabina Frederic, Sofia Bordenave, Roberto Salvarezza, Moira Millán, Ernesto Seman, Gabriel Kessler, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Cesaroni, Celeste Fierro, Tomás Saraceno, Jonathan Thea, Juan Bello y Flavia Broffoni.