Un nuevo caso de contaminación vinculado a la empresa Atanor, esta vez con altas concentraciones de un herbicida producido por la compañía, detectados en una barranca lindante a la empresa, se dio a conocer en las últimas semanas. El hecho fue denunciado por el abogado de los vecinos de San Nicolás afectados y de la organización FOMEA, Fabián Maggi.
El Juzgado de Ejecución Penal N°1 de San Nicolás dio lugar a la presentación y ordenó, como medida cautelar, a la empresa colocar una valla que cerque la barranca que desemboca directamente en el río Paraná bajo apercibimiento de multas por día en caso de incumplimiento. Las organizaciones Greenpeace y FOMEA calificaron el hecho como un antecedente más que vuelve a evidenciar la gravedad del pasivo ambiental asociado a la actividad de la empresa en la zona.
De acuerdo a análisis realizados en la zona por la autoridad provincial, se detectaron muestras de trifluralina, un herbicida fabricado por Atanor. No obstante, antecedentes judiciales y análisis previos realizados en el área también registraron la presencia de otras sustancias peligrosas vinculadas a la actividad industrial, entre ellas cipermetrina, atrazina y 2,4-D, lo que sugiere que la contaminación podría ser más amplia que la inicialmente informada.
Un agravante del caso, argumentan desde las organizaciones, es que el terreno afectado por la contaminación es un espacio público y utilizado para fines recreativos por la comunidad nicoleña, lo que implica un riesgo potencial de exposición para vecinos y vecinas que circulan o permanecen en el lugar.
“Este hallazgo confirma que en el sector de barrancas existe un foco de contaminación que durante años fue minimizado o directamente ignorado. Los análisis disponibles muestran la presencia de distintas sustancias peligrosas, por lo que es imprescindible que se determine con precisión la extensión real del pasivo ambiental antes de avanzar con cualquier intento de remediación. Estamos frente a un escenario de riesgo que involucra al ambiente y a la salud pública, y por eso el control judicial y la intervención de las autoridades deben ser estrictos y transparentes”, señaló Fabián Maggi, abogado de los vecinos afectados y representante de la organización FOMEA.
Un agravante del caso, argumentan desde las organizaciones, es que el terreno afectado por la contaminación es un espacio público y utilizado para fines recreativos por la comunidad nicoleña, lo que implica un riesgo potencial de exposición para vecinos y vecinas que circulan o permanecen en el lugar.
“Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia la gravedad del pasivo ambiental asociado a la actividad de Atanor en San Nicolás. Estamos hablando de un sector que conecta directamente con el río Paraná y que además es utilizado por la comunidad. Por eso es fundamental que las autoridades determinen con claridad la magnitud de la contaminación, garanticen información pública y adopten medidas efectivas para proteger el ambiente y la salud de la población”, sostuvo la Lic en Ciencias Biológicas Agostina Rossi Serra, vocera de Greenpeace.
El caso se suma a una serie de antecedentes judiciales y denuncias por contaminación vinculadas a la planta de Atanor en San Nicolás, que en los últimos años han puesto en evidencia la persistencia de pasivos ambientales en el área y la necesidad de avanzar en procesos de control y remediación efectivos.
