Argentina es uno de los países con más deforestación del mundo en las últimas tres décadas, fundamentalmente en la región del Gran Chaco, por el avance de la frontera agropecuaria: soja y ganadería que mayormente se exportan a China y Europa. La mayor parte de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa.

Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar desmontes ilegales e incendios forestales; y los responsables rara vez son obligados a reforestar. Y en muchos casos es clara la complicidad de funcionarios en la violación de la normativa, mediante la realización de recategorizaciones prediales para permitir desmontes en bosques protegidos; la autorización de desmontes para ganadería intensiva (manejo silvopastoril) y para desarrollos urbanísticos donde no está permitido; la autorización de desmontes en territorios indígenas; y la elaboración de Ordenamientos que permiten deforestar en amplias zonas.

¿Qué significó que exista una Ley de Bosques?

La sanción, a fines de 2007, de la Ley de Nacional de Bosques (26.331) fue un logro sin precedentes en materia ambiental.

Se elaboró con el objetivo de “promover la conservación mediante el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo; e implementar las medidas necesarias para regular y controlar la disminución de la superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a lograr una superficie perdurable en el tiempo”.

Esta ley fue un ejemplo claro de la importancia de la participación de la sociedad civil argentina. En un acontecimiento histórico para Greenpeace, en tan solo un mes y medio, más de un millón y medio de personas le pidieron al congreso que sancione la Ley de Bosques.

Más de un millón y medio de firmas en un mes y medio. Más de cien organizaciones sociales, ecologistas, académicas, campesinas e indígenas, pueblos en todo el país enviaron planillas con firmas, hicieron campañas, se movilizaron y reclamaron por la importancia de proteger los bosques nativos.

Fue un avance fundamental en materia ambiental, y un ejemplo de la importancia de la participación ciudadana que logró superar el poderoso lobby en su contra desde el sector agropecuario, mediante una intensa campaña.

¿Que pasa con la Ley de Bosques en 2023?

A más de quince años de su implementación, podemos destacar que todas las provincias realizaron el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, prohibiendo los desmontes en casi el 80% de las zonas forestales del país. Sin embargo, los ordenamientos de Formosa, Corrientes y Buenos Aires fueron muy cuestionados por dejar amplias zonas habilitadas para el desmonte. 

Por otra parte, en los mapas de ordenamiento territorial no se realizaron mediante procesos efectivamente participativos, que garantizaran el acceso a la información y a los talleres de toda la población interesada, sobre todo de pueblos originarios y comunidades campesinas. También es importante resaltar que muy pocas provincias realizaron la actualización de sus Ordenamientos, que según la reglamentación de la ley debe hacerse cada 5 años. 

Si bien desde el año 2014 se evidencia una interesante disminución de los desmontes, la mitad aún se realizan donde no está permitido. A eso se suma que, desde 2020 la gran cantidad de incendios forestales produjo un crecimiento importante de la pérdida de bosques nativos. Se estima que el 95% se producen por factores humanos (intencionalidad, accidente, negligencia); y el cambio climático y la sequía aumentan su intensidad y severidad. 

¿Que campañas hicimos desde Greenpeace por los bosques?

En este 2023 la defensa por los bosques que llevamos adelante cumplió 28 años ininterrumpidos de lucha. Para conmemorar estas casi tres décadas de trabajo y compromiso, te compartimos el nuevo video con un repaso por todas las conquistas logradas ✊🌎.

Por supuesto, es una tarea que continúa hasta hoy. De hecho, nuestra campaña 2023 para frenar la impunidad y lograr que se establezcan penas de prisión para los responsables de desmontes ilegales e incendios forestales en bosques nativos sumó 200.000 firmas.  

La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a actuar en consecuencia. Más deforestación significa más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. 

Destruir bosques es un crimen, por lo cual es clave que los gobiernos provinciales cumplan estrictamente la normativa y que se penalicen tanto los desmontes ilegales como los incendios forestales. 

Los logros de Greenpeace en la defensa de los bosques argentinos, año por año

2022 – Nueva reserva provincial en Santa Fe

Greenpeace detectó, a través del monitoreo de imágenes satelitales, la deforestación de 7.811 hectáreas en la provincia de Chaco durante los últimos seis meses, a pesar del fallo de la Justicia provincial que suspendió los desmontes. La organización ecologista volvió a reclamar que se penalice la destrucción de bosques nativos.

La Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez, ubicada al sur de Rosario, fue incluida mediante una ley provincial al sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de SantaProtege unas 100 hectáreas de bosques nativos y pastizales, con mucha biodiversidad.

Nuestros voluntarios de Rosario acompañaron en 2016 y 2017 la defensa y valorización del lugar con varias actividades. 2019 – Chaco deja de autorizar desmontes en zonas protegidas

Greenpeace documentó y denunció la complicidad entre el gobierno de Chaco y los grandes empresarios agropecuarios para deforestar donde la normativa nacional lo prohíbe, permitiendo el desmonte en 53 fincas.

Tras una intensa campaña junto a la Asamblea Somos Monte Chaco, el gobierno provincial derogó las resoluciones mediante las cuales flexibilizaban la ley provincial y autorizaban desmontes donde no está permitido.

2018 – Empresarios multados por desmontes ilegales en Salta

Junto a las 500 mil personas que se sumaron al reclamo al gobernador, se consiguió frenar la impunidad con que se manejaban 3 empresarios agropecuarios destructores de bosques en Salta.

En pleno desfile por las festividades del 25 de Mayo, mientras el gobernador Juan Manuel Urtubey se encontraba en San Lorenzo presenciando el desfile, activistas de Greenpeace desplegaron un cartel con la leyenda “Urtubey: No al Indulto. #DestruirBosquesEsUnCrimen”. A pocos metros del lugar, la organización elevó un globo aerostático con el mismo mensaje en altura.

A pesar de que la Nación declaró ilegales a 32 permisos de desmonte y la Provincia dictó una resolución que los suspendía y obligaba a la remediación de las zonas afectadas, Greenpeace comprobó mediante imágenes satelitales que las topadoras continuaron arrasando las fincas Cuchuy, Los Pozos y La Peregrina. Tras las denuncias fueron multados sus dueños: Alejandro Braun Peña, Pedro Cignetti y Bruno Varela Marín.

2017 – Restaurar la Selva de Yungas

Tras una intensa campaña en la que participaron más de 220.000 personas reclamando a Sprite que reforeste, The Coca-Cola Company y su proveedor de jugo concentrado de limón La Moraleja S.A. admitieron el desmonte ilegal de su estancia en la provincia de Salta.

Eso motivó a que se comprometieron a la reforestación y restauración de 1.080 de las 3.053 hectáreas de bosques nativos que fueron impunemente arrasadas por las topadoras, y a preservar el resto de las zonas que aún cuentan con selva.

El artista plástico Milo Lockett se convirtió por un día en activista por la protección de los bosques argentinos. Junto a Greenpeace, instaló una botella de 2 metros de altura frente a las oficinas de Coca Cola y desplegó su arte con el mensaje “Sprite, reforestá ya”.

Una parte de la finca que había sido desmontada fue vendida por la empresa.

2015 – Parque Nacional sin petroleras

El Parque Nacional Calilegua es zona núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas de la UNESCO, protege 76.306 hectáreas de uno de los ambientes de mayor biodiversidad de Argentina, y alberga la mitad de las aves del país y especies en peligro de extinción, como el yaguareté.

Los ambientalistas de Greenpeace documentaron los pasivos ambientales de pozos abandonados por las empresas.

El reclamo fue en conjunto entre guardaparques, indígenas, organizaciones sociales y Greenpeace. Así iniciamos una intensa campaña que expuso lo absurdo, peligroso e ilegal que resulta extraer petróleo en un área protegida y que sumó el apoyo de más de 270.000 personas.

Gracias a esta presión, la Legislatura jujeña sancionó una ley que anuló “los decretos, normas y demás actos que hubieren permitido o reglamentado la explotación hidrocarburífera dentro del Parque Nacional Calilegua”.

La campaña logró frenar los proyectos de expansión de la actividad petrolera que tenían el gobierno jujeño junto a la empresa Petro AP, aunque aún resta la recomposición ambiental del daño histórico de la actividad.

2014 – Salta dejó de autorizar desmontes en zonas protegidas

Activistas de Greenpeace bloquearon dos cisternas con combustible que se encontraban en la finca Cuchuy, en el departamento de San Martín, en la provincia de Salta, para frenar las topadoras en un desmonte ilegal.

Durante dos años Greenpeace documentó, denunció y frenó varios desmontes, realizó protestas y, junto a la coalición “Salta con Bosques”, entregó al gobernador 50.000 firmas de salteños.

La violación a la Ley de Bosques en Salta fue rechazada por la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y por más de cien organizaciones sociales y expertos. De la campaña participaron 350.000 personas.

Salta Capital.- Once activistas de la organizacion y desplegaron un cartel con la leyenda ‘Urtubey, basta de destruir los bosques en Salta’, frente al Cabildo de la ciudad de Salta y permanecieron sentados en inodoros para representar lo que el Gobernador Juan Manuel Urtubey hace con la Ley de Bosques. La policía interrumpio la protesta pacifica y llevo detenidos al Director de Greenpeace Martin Tinghitella y al activista Fernando Donato.

El gobierno de Salta derogó los decretos 2211/10 y 3136/11 que permitían, a pedido de los dueños de las fincas, cambiar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y desmontar en zonas protegidas.

2012 – Bosques patagónicos a salvo

La Angostura, Neuquén. 17 de septiembre de 2012. Greenpeace reclama a las empresas Cerro Bayo SA y EIDICO SA la cancelación urgente y definitiva de los proyectos urbanísticos que llevan adelante en Villa La Angostura © Greenpeace / Martin Katz

Greenpeace se sumó al reclamo de vecinos, indígenas y organizaciones sociales de Neuquén y realizó protestas contra las empresas EIDICO S.A. y Cerro Bayo S.A., que pretendían desarrollar proyectos urbanísticos en Villa La Angostura, desmontando 1.100 hectáreas de bosques protegidos.

Las empresas recibieron más de 60.000 correos electrónicos, miles de llamados y comentarios en las redes sociales. Tras los reclamos, el gobierno de Neuquén reglamentó la Ley 2.780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y confirmó la ilegalidad de los proyectos inmobiliarios, que fueron cancelados por las empresas.

2012 – El Impenetrable sin topadoras

Greenpeace documentó, denunció y frenó desmontes para ganadería intensiva que se realizaban en bosques protegidos con autorización del gobierno de Chaco.

Luego de una reunión con el gobernador se suspendieron por 60 días y, tras consultas con organizaciones ambientalistas, forestales y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y de la Secretaría de Ambiente de la Nación, se dictó la disposición 534/2012 que establece nuevos requisitos: a) no se autorizarán en superficies mayores a 300 hectáreas; b) se prohíbe el uso de topadoras; c) se deberán mantener no menos de 120 árboles de 10 cm de diámetro por hectárea; d) se deberán realizar rotaciones y clausuras al ganado para asegurar la regeneración del bosque.

2009 – Ley de Bosques reglamentada

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la Ley de Bosques tras el reclamo de más de setenta organizaciones sociales y de que durante casi dos meses recibieran más de mil llamadas telefónicas por día de ciudadanos de todo el país, mediante el Teléfono Rojo de Greenpeace. El trágico alud en Tartagal (Salta), provocado en gran medida por la deforestación, aceleró la reglamentación de la norma.

2007 – Se sanciona la Ley de Bosques

Tras dos años de intensa campaña, Greenpeace y más de treinta organizaciones sociales entregaron al Senado de la Nación un millón y medio de firmas de personas de todo el país en reclamo por el urgente tratamiento de la Ley de Bosques (26.331).

Su sanción fue un avance sin precedentes en materia ambiental y una herramienta esencial para solucionar la emergencia forestal. La norma establece: 1) moratoria a los desmontes hasta que cada provincia realice un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos participativo; 2) obligatoriedad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental y una audiencia pública antes de autorizar un desmonte; 3) respetar los derechos de las comunidades indígenas y campesinas sobre los bosques que utilizan; 4) prohibición de la quema a cielo abierto de los residuos derivados de desmontes o aprovechamientos sostenibles de bosques; 5) fondos para la protección de los bosques nativos.

2007 – Ledesma no desmontará la Selva de Yungas

Luego de cuatro años con alto de riesgo de desmonte, y de una fuerte campaña junto a organizaciones sociales y sindicatos de Jujuy, las 1.400 hectáreas de Selva de Yungas de la finca Sauzalito-Yuto fueron salvadas mediante un acuerdo firmado por la empresa Ledesma, Greenpeace, la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno jujeño.

En el acuerdo el gobierno provincial se comprometió a realizar en 30 días una convocatoria para avanzar en la confección de su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

2005 – Pizarro será Reserva Nacional

La Reserva Provincial Pizarro fue creada a fines de 1995 para resguardar uno de los últimos sectores conectados de Bosque Chaqueño y Selva de Yungas.

En febrero de 2004 el gobernador de Salta impulsó una ley provincial que desafectó a la misma de su condición de área protegida, con el objetivo de lotearla, rematarla y destinarla a actividades agropecuarias.

Esto motivó el rechazo de la Universidad Nacional de Salta, las comunidades campesinas e indígenas que allí viven, Greenpeace y varias organizaciones sociales.

Tras un año y medio de intensa campaña, que contó con la colaboración de numerosos artistas, la Administración de Parques Nacionales firmó un acuerdo con el gobierno de Salta para la creación de la Reserva Nacional Pizarro y destinó 800 hectáreas para la comunidad wichí.

2004 – Moratoria a los desmontes en Santiago del Estero

Santiago del Estero, Junio 18/2004 Marcha campesina. Más de cuatro mil campesinos llegan a la capital provincial para pedir por tierra, agua y por el monte. Participa activamente la ONG Greenpeace. (Julio Pantoja / Infoto)

Tras una numerosa “Marcha Campesina por la Tierra, el Agua y el Monte”, a la que se sumaron Greenpeace y varias organizaciones sociales, el interventor de la provincia de Santiago del Estero firmó un decreto suspendiendo los desmontes por seis meses para la realización de un Ordenamiento Territorial y la revisión de los permisos otorgados; propuestas impulsadas durante mucho tiempo por la Mesa Provincial de Tierras, de la que Greenpeace forma parte.

2002 – Selva de Yungas salvada de tala irracional

Greenpeace y otras organizaciones sociales presionaron y lograron salvar más de 37.000 hectáreas de Selva de Yungas de ser taladas por parte de la empresa coreana Agroforestal Wood.

Posteriormente, el gobierno de Salta otorgó la concesión de manejo forestal a una empresa certificada. Ese mismo año la UNESCO declaró a la Selva de Yungas como Reserva de Biósfera.

1998 – Un gasoducto atravesando la Selva de Yungas

Buenos Aires, 5 de Junio de 1998

Greenpeace, el Grupo Yaguareté de Salta y la comunidad kolla Tinkunaku se opusieron a que el Ente Nacional Regulador del Gas autorizara el paso de un gasoducto por la Selva de Yungas.

Salta, Las Maromas, Agosto de 1998 Punzi

A pesar de la campaña, la firma Norandino logró la autorización para que la traza del ducto atraviese 70 kilómetros de selva y territorio de la comunidad. En compensación por los daños ocasionados, la empresa protegió 20.000 hectáreas de selva y donó tierras al Estado provincial.

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