Cuando se vulneran derechos que afectan a muchísimas personas (como el acceso al agua y a un ambiente sano) creemos que la vía colectiva es la herramienta más eficaz. Por ello, organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace junto a Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas impulsamos una demanda judicial colectiva para defender el agua y los glaciares.
La reforma de la Ley de Glaciares debilita la protección de nuestras fuentes de agua al habilitar actividades extractivas en zonas clave como glaciares y ambiente periglacial, que estaban protegidas. Por eso, consideramos que la vía judicial es necesaria para frenar un retroceso ambiental y defender derechos constitucionales.
¿Por qué una demanda colectiva?
Una demanda colectiva permite que las organizaciones actúen en representación de un conjunto amplio de personas afectadas, sin que cada una tenga que iniciar un juicio individual. Esto no solo hace viable el reclamo, sino que aumenta su fuerza frente al Estado.
En Argentina, estas acciones se enmarcan en lo previsto por los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional Argentina, que reconocen el derecho a un ambiente sano y habilitan la defensa colectiva de derechos. Las personas pueden sumarse para acompañar y fortalecer el reclamo desde lo social y lo colectivo, aumentando su visibilidad y legitimidad.
¿Quiénes pueden sumarse?
Solo ciudadanos y ciudadanas de Argentina mayores de edad. Si sos de otro país difundí la demanda con tus amigos argentinos/as. Si sos de Argentina pero vivís en el extranjero podés sumarte con un tel local argentino.
¿Qué se buscamos lograr con la demanda colectiva?
El objetivo es que la Justicia:
- declare la inconstitucionalidad de la reforma
- suspenda su aplicación
- restituya los niveles de protección ambiental vigentes
En concreto: impedir la aplicación de una reforma que habilita actividades incompatibles con la protección de glaciares y ambiente periglacial, poniendo en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.
¿Qué implica sumarse a la demanda colectiva?
De manera voluntaria la ciudadanía se suma demostrando la fuerza y el respaldo social al reclamo para:
- visibilizar la magnitud del rechazo a la reforma
- fortalecer el reclamo colectivo y su capacidad de incidir en la decisión judicial
Aunque individualmente no se tenga responsabilidades legales cuantas más personas se sumen, mayor es la fuerza del reclamo ante la Justicia. Algunos datos (como nombre, apellido, DNI y provincia) podrán ser incorporados a la presentación judicial como parte del respaldo ciudadano al reclamo. Las organizaciones que llevan adelante la iniciativa se comprometen a resguardar la información conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales.
¿Tiene algún costo sumarme?
Sumarse es gratuito y no implica ningún costo para participar o acompañar esta acción. Las organizaciones impulsoras llevan adelante la estrategia legal y colectiva para sostener el reclamo.
¿Existen antecedentes de este tipo de acciones? ¿Funcionan?
Sí. Las demandas colectivas han sido clave en distintos países para frenar daños ambientales y exigir el cumplimiento de derechos.
Existen antecedentes en los que la justicia falló a favor de la protección del ambiente y de las generaciones futuras, obligando a gobiernos y empresas a modificar sus políticas frente a la crisis climática y la degradación ambiental.
Las demandas colectivas no son simbólicas: son una de las herramientas más efectivas para defender derechos cuando las decisiones políticas no garantizan su protección.
Esta demanda no es solo de organizaciones: es una herramienta para que la voz de miles de personas quede expresada también en la Justicia.
- Sumate: Tu apoyo como ciudadano/a activista digital o socio/a es lo que nos permite mantenernos independientes y confrontar pacíficamente a quienes priorizan las ganancias a costa de la destrucción del medio ambiente.
- Difundí: Necesitamos que toda la sociedad sepa que nos comprometemos a frenar un retroceso ambiental muy grave.
