El proyecto San Jorge–PSJ Cobre Mendocino obtuvo media sanción en la Legislatura mendocina recientemente. De acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace, esta decisión desoye la voluntad de los mendocinos que están manifestando que sin agua, sin información suficiente y sin derechos garantizados, no hay proyecto viable.
“Mientras 31 diputados votaban a favor, miles de personas en Mendoza —vecinos, asambleas, comunidades— repetían con total claridad que no hay licencia social para este proyecto. Esa contradicción marca que el proceso está desalineado con lo que el territorio expresa. Porque en Argentina la licencia social no es una sugerencia amable; está amparada legalmente”, sostuvo Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
La Ley General del Ambiente (25.675) exige participación efectiva, acceso a información adecuada y aplicación del principio precautorio. El Acuerdo de Escazú refuerza esa obligación al establecer que las comunidades deben ser escuchadas de forma auténtica y oportuna.
“Si las comunidades dicen no, la información técnica resulta insuficiente y, aun así, el proyecto avanza, lo que se vulnera no es una opinión: se vulneran derechos fundamentales. La oposición de las comunidades de Uspallata es contundente: el agua que sostiene a la región nace en un sistema frágil, y la población no está dispuesta a ponerlo en riesgo. En Mendoza, el agua no es un recurso más: es un límite social, ambiental, cultural y político”, agregó la vocera.
La provincia atraviesa hace más de una década un ciclo persistente de sequía. El agua de Mendoza nace en la alta montaña, y ese sistema está hoy bajo una presión inédita. El caudal superficial y subterráneo de la provincia proviene casi exclusivamente del aporte de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial, que incluye permafrost y glaciares de escombros: reservas estratégicas de hielo subterráneo que sostienen los ríos incluso en los meses más secos.
En ese contexto, cualquier intervención en la alta montaña exige información completa, actualizada y evaluada con rigor. Se publicó recientemente un informe técnico del CONICET Mendoza que señaló incertidumbres hídricas relevantes en la evaluación del proyecto. Aun así, la Declaración de Impacto Ambiental fue otorgada.
Mientras se habilita un proyecto de alto impacto en la provincia, a nivel nacional se pretende modificar la Ley de Glaciares (26.639), que protege justamente esas reservas de agua. Las reformas propuestas buscan permitir actividades económicas donde hoy está prohibido, recortando definiciones y debilitando la protección vigente.
“Para una provincia árida como Mendoza, cuya vida depende de ese sistema, flexibilizar esa protección no es una discusión técnica: es una amenaza directa a su seguridad hídrica y, por ende, al desarrollo de la comunidad. Decir que San Jorge no puede avanzar así como está planteado no es rechazar el desarrollo, es reconocer que sin agua no hay futuro y que, sin participación real de la gente, la democracia pierde sentido en los territorios. Porque ningún proyecto puede llamarse desarrollo si nace en contra de su propia comunidad y vulnera sus derechos fundamentales. Sin licencia social, no hay legitimidad ni sostenibilidad posible”, concluyó Rossi Serra.
