Los incendios forestales son una situación que se repite todos los años, y que se agrava por el cambio climático. Los bosques se encuentran cada vez más amenazados por las quemas provocadas por fenómenos naturales y la actividad humana, ya sea por negligencia o de manera intencional, para desarrollo agropecuario e inmobiliario.
Los gobiernos nacional y provincial deben poner todos sus esfuerzos en apagar los incendios, y ampliar significativamente los fondos y la infraestructura destinados a la prevención y lucha contra el fuego.
Las multas no son suficientes para desalentar incendios intencionales y los desmontes ilegales y, a su vez, casi nunca son obligados a reforestar. Frente a esta situación, Greenpeace considera necesario que se catalogue como delito penal al desmonte ilegal y al incendio intencional; y se obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos ilegalmente desmontados o incendiados.
Por otra parte, los gobiernos deben establecer políticas, leyes y acuerdos más fuertes y ambiciosos en defensa de los bosques y sus históricos habitantes.
Ante la actual crisis sanitaria, climática y de biodiversidad es urgente avanzar hacia un plan de Deforestación Cero.
Un monitoreo satelital de Greenpeace demostró que Chaco, por el avance de la producción agropecuaria, es la provincia con más pérdidas de bosques nativos.
