Greenpeace expresó su rechazo a la reglamentación del decreto Nº 591/2019. Según la ONG, no sólo es inconstitucional, ya que viola el principio de no regresividad ambiental contemplado en el artículo 41 de la Constitución, sino que también es ilegal bajo el derecho internacional y supone un riesgo para el ambiente, la salud y las fuentes de trabajo asociadas al reciclaje.
La organización sostuvo que la medida del ejecutivo carece de sentido, ya que actualmente no hay un correcto tratamiento de los residuos que generamos en el país. “La ciudad de Buenos Aires es la única del país con una legislación de basura cero y ni siquiera alcanzó el 30% de reducción de envío a rellenos sanitarios, que era el objetivo establecido para 2010”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador de energía de Greenpeace.
A su vez, si bien la reglamentación aclara que los residuos que llegarán no tendrán como fin último la incineración o el entierro en rellenos sanitarios, desde la organización se mostraron escépticos sobre la disposición final de estos residuos. “El decreto, desde su origen, implica un retroceso ambiental enorme. Nuestro país violará los compromisos internacionales adquiridos al flexibilizar la Ley de Residuos Peligrosos e introducir la importación de residuos que no contarán con un certificado de inocuidad de los países emisores, por lo que no podremos asegurar que los residuos que lleguen no sean tóxicos para el ambiente y la salud de los ciudadanos”, agregó Mingo.