Hace casi quince años logramos la sanción de una de las leyes ambientales más importante del país, fruto de una movilización histórica para poner un freno a la destrucción de glaciares en manos de actividades extractivistas, como la minería. Y hace más de un año dijimos que íbamos a seguir monitoreando y presionando para que nunca se flexibilice ni se modifique. Hoy cumplimos nuestra promesa.
A pesar de que los glaciares son una de las principales reservas de agua dulce del planeta, desde donde nacen la mayoría de los ríos de nuestro país dando vida y trabajo, es inminente que se presente un decreto que amenaza con reducir drásticamente el área de protección garantizada hoy por la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639) abriendo la puerta a que en ellas ocurran actividades extractivistas hasta el día de hoy prohibidas.
Los glaciares del mundo acumulan más del 70% del agua dulce de la Tierra, influyen en los patrones climáticos y son parte de los hábitats para diversas especies, además de la importancia cultural y turística significativa que tiene para nuestro país.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Glaciares (ING), realizado en 2018, Argentina posee cerca de 17.000 cuerpos de hielo registrados que se distribuyen en doce provincias (8.484 km²) incluyendo glaciares de escombros (parte del ambiente periglacial) protegidos bajo la Ley Nacional de Glaciares (26.639). Suministran agua a alrededor de 7 millones de habitantes (18 % de la población nacional).
Pero son frágiles y preciados, una vez que un glaciar desaparece no se puede reemplazar. Si los glaciares desaparecen, muchas comunidades se enfrentarán a una grave escasez de agua, lo que afectará la agricultura, la producción de energía y el consumo doméstico.
Además, cualquier cambio en la norma que los protege que habilite la actividad minera en glaciares y en el ambiente periglacial, es decir, en áreas de suelos permanentemente congelados que se encuentran en zona de glaciares y actúan como reguladores hídricos, sería una regresión ambiental que va en contra de acuerdos internacionales a los que adhiere Argentina y en contra del derecho a un ambiente sano y equilibrado que establece la Constitución Nacional que, además, impulsaría aún más la crisis climática.
La Ley de Glaciares fue el resultado de largos debates democráticos y no debe debilitarse en beneficio de sectores corporativos que ven en ella un obstáculo para la explotación de recursos naturales.
En un contexto de crisis climática global, donde los glaciares del mundo están retrocediendo aceleradamente, permitir nuevas presiones humanas sobre estos ecosistemas no solo es irresponsable: es una amenaza directa al equilibrio ambiental y al bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Un decreto que abriría las puertas a la destrucción de una de nuestras principales reservas de agua dulce
Durante el 2024, después de recibir varios rechazos en la votación artículo por artículo, el gobierno decidió retirar el proyecto de Ley Ómnibus que había presentado al Congreso donde planteaba flexibilizar la Ley de Glaciares.
Hoy volvería a intentar modificar la ley y esta vez sin pasar por la instancia de debate parlamentario.
Debilitar la protección de los glaciares desde el marco normativo habilita que actividades extractivas, como la minería, avancen sobre una de las principales reservas de agua dulce del país. Sin un resguardo legal claro, el ambiente periglacial queda expuesto a intervenciones irreversibles.
Las actividades mineras en zonas de glaciares y ambiente periglacial generan impactos negativos, no solo con la destrucción de las mismas sino también siendo potenciales fuentes de contaminación del agua y produciendo la destrucción de ecosistemas sensibles. La falta de control efectivo sobre estas explotaciones intensifica el problema, dejando a los glaciares expuestos a daños irreparables. Un dato asociado a esto es que los glaciares de los Andes Desérticos (que se encuentran desde Jujuy al norte de San Juan) se redujeron un 8 % en la última década producto de la crisis climática.
¿Qué pasaría si se decide dañar nuestros glaciares?
La decisión de quitarle la protección a nuestros glaciares agravaría el estrés hídrico, especialmente en regiones como Cuyo, donde ya existen conflictos por el uso del agua y se proyecta aumentar la cantidad de proyectos extractivos.
Además de aportar agua gradualmente a las cuencas en las que se emplazan, los glaciares actúan como grandes reguladores climáticos, ayudando a mantener la temperatura de la Tierra estable al reflejar parte de la radiación solar (conocido como efecto albedo) que en ellos incide. Si se dañan o destruyen se contribuye a potenciar la crisis climática, intensificando sus consecuencias, entre ellas el aumento de eventos climáticos extremos tales como sequías, inundaciones y olas de calor.
Argentina fue el primer país de América Latina que aprobó una ley para proteger sus glaciares. Y allí prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y todo tipo de actividades sobre glaciares y ambiente periglacial. La misma norma establece que hay que preservarlos porque son reserva de agua que hacen aporte en nuestros ríos para nuestro consumo, para la agricultura la generación de energía y el turismo
La Ley de Glaciares sancionada en 2010:
1.Protege los glaciares y las áreas periglaciares y prohíbe el desarrollo
sobre estas zonasde industrias extractivistas, como la minería. La actual ley define al ambiente periglacial: en la alta montaña: como el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña: al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo.
2- Se logró con años de campaña, acciones y la presión de miles de personas.
3- De no existir esta ley diversos glaciares habrían sido afectados por al menos 44 proyectos mineros que lograron ser frenados.
Sin embargo, aún está pendiente el cierre definitivo de los proyectos Veladero y Pascua Lama de la empresa canadiense Barrick Gold. En septiembre de 2015 la falta de aplicación de la Ley de Glaciares hizo posible el derrame de más de 1 millón de litros de solución cianurada que contaminó cinco ríos de San Juan, el peor desastre ambiental provocado por una minera (Barrick Gold) en nuestro país.
Las modifiaciones propuestas en 2024 pretendían:
1- Modifiar artículos 1 y 2 de la ley para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Se realizaría una modificación en la ley que como consecuencia disminuiría la superficie protegida hoy en día
2- Dejar de proteger el ambiente periglacial (a excepción de los glaciares de escombros mayores a 1 hectárea) habilitando la actividad extractiva en dichas zonas.
Modificar la ley dejaría de garantizar la protección de un ambiente complejo, que es resguardo de agua dulce y al que ya el calentamiento global puso en jaque.
Muchos creen que para poder tener un desarrollo se deben explotar nuestros recursos naturales al máximo, pero eso es lo que las industrias quieren hacernos creer.
Destruir las leyes ambientales no es ni progreso ni desarrollo y en nada beneficia ni a las personas ni al ambiente. De nosotros depende que se conozca lo que está en juego y juntos podamos protegerlo.
La solución no es desmantelar la ley haciendo legal lo que hoy es ilegal, sino promover mayores controles y sanciones en pos de la protección del medio ambiente.
Los glaciares son uno de los principales patrimonios ambientales de nuestro país. Son parte integral del ciclo del agua y también íconos de la lucha ambiental. Son tan importantes que este 2025 entra en función una resolución de 2022 de Naciones Unidas que lo declara como el Año Internacional de la Preservación de Glaciares estableciendo a partir de este año todos los el 21 de marzo el Día Mundial de los Glaciares.
Nunca más podemos permitir que se proponga siquiera liquidar la Ley de Glaciares, que tantos años de esfuerzo ambiental ha costado y por la que tanta gente trabajó. Esto no puede volver a pasar nunca más, con el ambiente no se negocia.
Es importante comprender el rol fundamental que cumplen tanto los glaciares como el ambiente periglaciar en el resguardo de los recursos hídricos, por lo cual ambos necesitan protección.
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