Día Mundial de las personas recuperadoras: sin recicladores no hay economía circular, una deuda ambiental y social

En nuestro país son muchas las personas que se dedican a este oficio. En total, 60.000 familias se dedican, cada día, a recuperar y reincorporar a la economía miles de toneladas de materiales reciclables. Se trata de un trabajo que se enfrenta a riesgos sanitarios y a la falta de garantías laborales y sociales.

Su aporte es tan importante que, por mencionar sólo un ejemplo, en Bogotá, las personas recicladoras evitan que cerca del 30% de los residuos lleguen al relleno sanitario Doña Juana y, con ello, se previene contaminar más aún la tierra, el aire, y nuestra salud.

En otras palabras, sin su labor, la cantidad de residuos que serían mal gestionados y terminarían en rellenos sanitarios, mares y ríos serían mucho más grande; lo que equivaldría a mayor generación de emisiones de metano, aumentar la destrucción de cuerpos de agua y a hacer del colapso ambiental algo inminente. 

Hoy el llamado es demostrar la importancia y la necesidad de proteger los derechos de las personas recuperadoras como parte de la política climática nacional y global. Sin embargo, su trabajo va más allá de facilitar el reciclaje a partir de lo que muchas personas descartan…

Decimos que “sin recicladores no hay reciclaje” porque las personas recuperadoras no sólo reincorporan materiales a la economía sino que, al mismo tiempo, fomentan prácticas de separación en la fuente en la ciudadanía convirtiéndose en educadores ambientales, dos tareas que nadie más está haciendo tan efectivamente. 

Además, su labor diaria en los barrios les brinda un conocimiento de primera mano, técnico, territorial y práctico, sobre cómo funciona la gestión de residuos. Nadie comprende mejor  las dinámicas de generación y disposición de residuos en las ciudades. Su experiencia debería estar en la base de cualquier plan eficaz que busque dar solución a la problemática de los residuos en nuestras ciudades. Por este motivo, darles espacio y escuchar sus saberes es parte fundamental de reconocer sus derechos y saberes. 

Como si fuera poco, la acción climática también pasa por sus manos porque gracias a que evitan que la basura termine descomponiéndose, toda mezclada, en rellenos sanitarios, se reducen las emisiones de gases como el metano. Así mismo, facilitan la protección de la biodiversidad, ya que la gran mayoría del plástico que no se recicla termina en cuerpos de agua, afectando a miles de especies que los ingieren o terminan atrapadas en él.

En definitiva, deben ser reconocidos como lo que son: prestadores de un servicio ambiental esencial para las ciudades, el clima, la biodiversidad y la economía circular. Y no se trata de un gesto simbólico sino de una obligación del Estado y de las ciudades que dependen de su trabajo.

Su inclusión y dignificación es indispensable para que la gestión de residuos sea también un proceso de justicia ambiental y social.

Vale mencionar una arista más que complejiza el trabajo de las personas recuperadoras y que, tal vez, resulte impensada. Lo cierto es que cuando la sobreproducción de plásticos inunda el mercado, esto reduce el valor de los materiales recuperados y debilita el sustento de quienes viven del reciclaje, obligándolos a aumentar las horas de trabajo y profundizando la desigualdad. 

Este aumento en la producción tiene impactos negativos no solo para la labor de quienes reciclan, sino también para el clima, ya que en su producción contaminan, y la gran mayoría terminan siendo plásticos de un solo uso que terminan en rellenos, en ríos y océanos o en nuestros cuerpos.

En este sentido, la sobreproducción plástica y la falta de regulación en los precios de materiales como el plástico afecta directamente el ingreso de más de 60.000 familias recicladoras en Colombia.

En un país que produce 1.4 millones de toneladas de plástico y, sólo recicla el 25%, reducir la producción de este material no sólo cuida al ambiente sino que también protege el trabajo reciclador.

Por todo lo dicho, Colombia merece soluciones reales y no modelos insostenibles y que no tienen en cuenta a quienes hacen posible la reducción de la contaminación plástica.

Desde Greenpeace exigimos un modelo de gestión integral de residuos que priorice la reducción, reutilización y reciclaje con justicia ambiental y hacemos un llamado para que la implementación efectiva de la ley que elimina los plásticos de un solo uso (2232) incluya medidas que fortalezcan el ingreso y la protección social de las personas recicladoras. No puede haber política contra el plástico que ignore a quienes sostienen el reciclaje.