Por: Silvia Gomez, directora de Greenpeace Colombia 

Poco coherente con su compromiso climático, el Gobierno firmó contratos con empresas petroleras para operaciones de fracking, mientras apuesta a la disminución del 51% de las emisiones en Colombia para el 2030, según pactó en el Acuerdo de París.  

De acuerdo a las proyecciones, en Colombia la industria de los hidrocarburos generaba en 2015 el 15% del 35% del sector de energía, es decir, más de 23 mil toneladas de CO2 equivalentes. Por lo que de abrirse esta nueva frontera, aumentarán exponencialmente las emisiones y Colombia generaría una bomba de gases de efecto invernadero. Provocando no sólo el aceleramiento de la crisis climática, sino que además, traería consecuencias ambientales preocupantes, ya que está demostrado que parte del modus operandi del fracking involucra diversas formas de contaminación.

Además de requerir más de 3.6 millones de galones de agua para la fracturación de un solo un pozo, utiliza químicos tóxicos que generan residuos altamente peligrosos.  La contaminación de fuentes de agua y de campos agrícolas de las poblaciones cercanas han sido un factor en común presente sobre estas prácticas en distintas partes del mundo. 

No obstante, pese a las consecuencias, 13 años después de que la sociedad civil impidió el avance de esta práctica en Colombia, actualmente continúan apareciendo proyectos camuflados como “de carácter científico” para avanzar definitivamente con el fracking.  De prosperar los planes políticos, la actividad hidrocarburífera para la ampliación de las reservas de petróleo podría extenderse por 22 años y en el caso del gas entre  35 y 50 años. 

El avance de estos proyectos provocará la mayor fractura que puede dejar el fracking  en Colombia, más allá de amenazar la vida, la salud y los ecosistemas, será vulnerado el futuro más cercano de los ciudadanos y su derecho a vivir en un ambiente sano.  

Por ello, desde Greenpeace apoyamos los dos proyectos de ley que fueron presentados en el Congreso para la prohibición del fracking, así como a las organizaciones, como La Alianza Colombiana Libre de Fracking, que trabajan desde hace mucho tiempo para la erradicación de esta práctica contradictoria con los planes de mitigación de la crisis climática. 

Así como el experto de las Naciones Unidas, Marcos Orellana afirmó, “Colombia tiene la oportunidad de preservar el legado de su mega biodiversidad, la protección del derecho de vivir en un ambiente libre de tóxicos inspira a que el Congreso de la República adopte una ley que prohíba el fracking.” 

El gobierno no puede permitir que esta actividad extremadamente nociva para nuestros ciudadanos y ecosistemas se establezca en el país y no debe hacer caso omiso de  los peligros del fracking, de los cuales hay amplia evidencia. 

En vez de promover falsas soluciones para la actual crisis climática y ambiental, los esfuerzos del gobierno deben estar enfocados en la construcción de una matriz energética sostenible y limpia; y en la protección de nuestros ecosistemas y recursos naturales. 

Nuestro derecho de vivir en un ambiente sano no puede quedar sometido a las obstinación de unos pocos.

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