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Un dique de cola de una mina, de la que se obtiene hierro, se derrumbó el pasado viernes 25 de enero en Brumadinho, estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil. Casi 13 millones de m³ de lodo tóxico barrieron la región: hasta la fecha se ha confirmado la muerte de 58 personas y más de 280 están desaparecidas. Los impactos del delito ambiental cometido por la empresa minera Vale en Brumadinho aún se están analizando. Todavía no es posible estimar la magnitud del daño

Según Nilo D’Ávila, director de Campañas de Greenpeace Brasil “no estamos tratando con un accidente, sino con un crimen contra las personas y la naturaleza. ¿Cuántas vidas aún tenemos que perder para que el estado brasileño y las empresas mineras aprendan de sus errores?”

El vocero agregó: “Exigimos el castigo de Vale y de todos los responsables, y de que la población afectada sea escuchada en el proceso de toma de decisiones. También exigimos el cierre de las operaciones en todas las represas que están clasificadas como de alto riesgo por el gobierno federal, el fin de los ataques a las licencias ambientales y el fortalecimiento del monitoreo. Basta de delitos ambientales y tragedias humanas como Mariana y Brumadinho. No más impunidad”.

Vale S.A es la misma empresa responsable, en 2015, de otro colapso de una represa minera en Mariana, también en el estado de Minas Gerais, que mató a 19 personas, destruyó un río y destruyó medios de vida. La población brasileña y el medio ambiente están sufriendo, por segunda vez en tres años, las consecuencias de la avaricia económica de Vale, la complicidad de los políticos y la omisión e ineficiencia del Estado brasileño.

Lo sucedido en Brasil, en más de una oportunidad, es un ejemplo de cómo se maneja la industria minera. Colombia no es la excepción. A pesar de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, de la resistencia de comunidades locales, de innumerables estudios academicos y cientificos que vienen alertando sobre los peligros implícitos en la actividad minera, esta sigue sucediendo con bajísimos estándares de control y fiscalización. En muchas zonas del país las actividades mineras tanto legales como ilegales representan una bomba de tiempo que amenazan tanto a la naturaleza como a sus habitantes.