Libertad de expresión y derecho a la protesta en juego en los Estados Unidos
Mandan, Dakota del Norte – Un jurado del condado Morton, conformado por nueve personas, llegó a un veredicto de la demanda de Energy Transfer (ET) y ha declarado responsables a dos entidades de Greenpeace Estados Unidos (Greenpeace Inc, Greenpeace Fund) y Greenpeace Internacional (GPI) por más de 660 millones de dólares. Los tiranos de las grandes compañías petroleras en el mundo continuarán tratando de silenciar la libre expresión y la protesta pacífica, pero la lucha contra la demanda de Energy Transfer no está terminada.
“Estamos siendo testigos de un desastroso retorno a una conducta temeraria que alimentó la crisis climática, profundizó el racismo ambiental y puso las ganancias de los combustibles fósiles por encima de la salud pública y un planeta habitable. La administración previa de Trump pasó cuatro años desmantelando protecciones para el aire limpio, el agua y la soberanía indígena, y ahora junto con sus aliados quiere terminar el trabajo silenciando la protesta. No nos quedaremos de brazos cruzados. No seremos silenciados”, dijo Mads Christensen, Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional.
“Este caso debería alarmarnos a todos, sin importar inclinaciones políticas,” dijo Sushma Raman, Directora Ejecutiva Interina de Greenpeace Inc, Greenpeace Fund. “Es parte de un nuevo empuje de las corporaciones para convertir en arma a nuestras cortes para silenciar el disenso. Debemos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda. Demandas como esta apuntan a destruir nuestros derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Estos derechos son críticos para cualquier esfuerzo que busque asegurar la justicia – y es por ello que continuaremos dando la batalla juntos, en solidaridad. Mientras los tiranos de las grandes corporaciones petroleras tratan de detener a un solo grupo, no podrán detener un movimiento”.
Las demandas de Energy Transfer son claros ejemplos de SLAPPS (Litigio estratégico contra la participación pública, por sus siglas en inglés) – demandas que buscan acabar a organizaciones sin ánimo de lucro y activistas con gastos legales, empujarles a la bancarrota y en última instancia, silenciar el disenso. [1]
Las grandes compañías petroleras Shell, Total y ENI también han empujado demandas contra entidades de Greenpeace en años recientes [2] Un par de estos casos ha sido exitosamente detenidos en su camino. Esto incluye a Greenpeace Francia que derrotó la demanda SLAPP de TotalEnergies el 28 de marzo de 2024; y Greenpeace UK y Greenpeace Internacional que forzaron a Shell a retirar su demanda SLAPP el 10 de diciembre de 2024.
“Energy Transfer no ha escuchado lo último de nosotros en esta lucha. Hemos comenzado nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de Energy Transfer contra la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos a Energy Transfer en la corte en julio próximo en los Países Bajos. No nos rendiremos. No nos silenciarán,” dijo la Consejera General de Greenpeace Internacional, Kristin Casper.
En febrero de 2024, Greenpeace internacional emprendió una prueba inicial de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea presentando una demanda en una corte neerlandesa contra ET [3]. GPI busca recuperar todos los daños y costos que ha sufrido como resultado de las demandas de ET que exigen millones de dólares contra GPI y dos entidades de Greenpeace Estados Unidos.
Fotos y videos disponibles en la librería de medios de Greenpeace
Notas:
- La primera demanda de ET fue presentada bajo la Acta RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una legislación federal estadounidense diseñada para perseguir la actividad del crimen organizado. El caso fue desechado, con el juez declarando que la evidencia entregada se quedó “muy corta” de lo necesario para establecer una iniciativa RICO. La corte federal no decidió sobre la ley estatal, por lo que ET inmediatamente presentó un nuevo caso en Dakota del Norte con este y otros reclamos de ley estatal.
- Reporte de la Coalición contra SLAPPS en Europa (CASE) documentó 1049 demandas SLAPP en Europa en el periodo 2010-2023, con 166 demandas iniciadas en 2023.
- Greenpeace Internacional demanda contra Energy Transfer en el primer caso de la Directiva anti-SLAPP de la Unión Europea.
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