Exigimos una investigación clara. Los proyectos agropecuarios no pueden derivar de la destrucción de la naturaleza ni de la violación a los derechos humanos.
El mandatario del actual gobierno Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso de crear conciencia sobre el uso racional de las aguas e insistió en que será inflexible en castigar los delitos ambientales. Además, de que en su discurso de la conferencia matutina del pasado 03 de marzo pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiguen al respecto para que no exista impunidad, además de que mantiene su compromiso de protección a los mantos acuíferos. En Greenpeace exhortamos al mandatario a que cumpla con estas declaraciones.
La empresa Enerall un megaproyecto agrícola, cuyo fundador es el actual jefe de la oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo, esta afectando el acuífero en la Península de Yucatán, el cual es el más importante a nivel nacional ya que resguarda dos terceras partes del agua renovable del país (de acuerdo con con el Atlas de Agua en México publicado en 2018 por Conagua).
Este proyecto esta ocasionando contaminación del agua por fertilizantes y pesticidas. Como consecuencia de la recepción de escorrentias originadas por el riego, lo cual origina que también se depositen sustancias químicas utilizadas en los cultivos. Asimismo, la disponibilidad del acuifero descendio casi un 50 % en diez años, mientras que Tisimín el municipio en el que se encuentra esta empresa experimenta una sequía extrema.
Este proyectó causó deforestación de especies de árboles como el chaká, el jabín, el yaxché, el koopó y el tsalam. Además ha contribuido a que especies como la tortuga caja amarilla (Terrapene mexicana), endémica de Yucatán, sujeta a protección especial por la vulnerabilidad de sus poblaciones; así como de tortuga mojina (Rhinoclemmys areolata), en categoría de amenazada, según la Norma Oficial Mexicana de la Semarnat murieran a causa de la pérdida de su hábitat.
Este proyecto viola los derechos de los trabajadores y ha ocasionado un desastre ambiental en la península de Yucatán que no ha sido sancionado como se merece. Se ha cometido un delito federal por esta empresa que ahora esta en manos de familiares de Alfonso Ramos, un empresario al que le dan risa estas declaraciones sumamente alarmantes.
La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) deben intervenir de manera urgente para que el cenote que ha sido afectado sea restaurado, se realicen las auditorias y los monitoreos de agua a la empresa Enerall; pero sobre todo para que proyectos de esta magnitud en los que no se garantiza la protección del medio ambiente ni se asegura el cumplimiento de los derechos humanos no continúen operando y adquiriendo permisos para explotar los recursos naturales.
