El Tren Maya, uno de los proyectos de inversión insignia de la actual administración federal, no tiene la aprobación de varios sectores sociales, entre ellos de las comunidades que se verán directamente afectadas, porque no se les ha informado debidamente sobre los impactos medioambientales que traerá.
Sin embargo, en plena pandemia el gobierno federal ha pedido a través de lineamientos y decretos presidenciales por la COVID-19, mantener activo este proyecto, así como las actividades de desplazamientos de habitantes y producción de acero, cemento y vidrio vinculadas a él.
Para al menos una decena de organizaciones civiles y comunidad afectadas, resulta preocupante que frente a la emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial, el gobierno federal pretenda mantener las actividades relacionadas con el proyecto denominado “Tren Maya”, pues su construcción y el desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia.
De continuar el proyecto estaría en riesgo la salud y la vida de las y los trabajadores que tendrán que continuar con las obras, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo.
Además, la construcción del Tren Maya durante la pandemia genera un estado de indefensión hacia quienes han manifestado su rechazo u oposición al proyecto, ya que ante la falta de normalidad en el funcionamiento de los tribunales, no tienen garantizada la posibilidad real de ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto.
A esto se suma la opacidad con la que se ha conducido las autoridades a cargo del Tren Maya. Esto es preocupante porque entre lo que más se ha criticado del proyecto es la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas.
Durante la pandemia, la falta de transparencia para este proyecto se agudiza pues es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia.
¿Habrá daños medioambientales?
Las dependencias a cargo del proyecto del Tren Maya han declarado que no habrá daños ambientales, pues se construirá sobre vías férreas ya construidas; sin embargo, se niegan a realizar estudios técnicos e informar a la sociedad con más detalles y datos sobre este punto.
De acuerdo con un informe técnico que realizó la Cámara de Diputados en septiembre de 2019 sobre el Tren Maya, no hay información suficiente para establecer un grado del daño medioambiental pero, de acuerdo con su análisis, las afectaciones que podría presentar este proyecto (como lo haría cualquier otro) serían pérdida de vegetación por el desmonte y el despalme; y la pérdida de productividad del suelo a causa, entre otras cosas, de la compactación que genera el tránsito de maquinaria durante la construcción y de las vibraciones que se producen con el tránsito de trenes.
Según la ficha técnica, la hidrología también podría sufrir daños tanto a nivel superficial como subterráneo, y cambios en las corrientes naturales de las aguas; y existe riesgo de contaminación de cursos tanto superficiales como subterráneos a causa de sustancias vertidas por accidente o por un mal tratamiento de residuos, y pérdida y/o fragmentación de hábitats, que no siempre se solucionan con corredores biológicos.
Las obras y el funcionamiento del tren pueden producir alteraciones en el comportamiento de la fauna de la zona; riesgo de incendios tanto durante la construcción de las infraestructuras como durante el tránsito de trenes. “Al constituir una división artificial, como lo es la vía del tren, podrían interrumpirse los corredores biológicos naturales de especies que transitan en los diversos tramos de la ruta. Surgimiento de asentamientos regulares e irregulares poblacionales. Afectación a la fauna y vegetación de las áreas naturales protegidas donde pasará la ruta del tren” dice el informe.
Existe una vía por la que las comunidades directamente deben ser informadas sobre este tipo de proyectos, que es la consulta indígena (diferente a la consulta ciudadana que instauró la administración de Andrés Manuel López Obrador), la cual es un Derecho Humano reconocido para los pueblos indígenas.
Sin embargo, este proceso participativo, que se llevó a cabo entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional, principalmente lo establecido por el Convenio 169 de la OIT de consultas indígenas, e incluso fue cuestionado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien señaló que no se había cumplido con todos los estándares internacionales en la materia.