Caso Atanor: ordenan clausura de la planta de San Nicolás tras confirmarse contaminación industrial

Buenos Aires, 11 de julio de 2025.- La Autoridad del Agua (ADA) de la provincia de Buenos Aires ordenó la clausura total preventiva del predio ATANOR, ubicado sobre la vera del Río Paraná, por considerar que se violaron de forma grave las normas ambientales vigentes. Los resultados oficiales de laboratorio analizados por la autoridad provincial confirmaron la presencia de múltiples contaminantes industriales en las muestras tomadas durante una inspección realizada el 9 de junio en la planta de Atanor en San Nicolás.

La comunidad de San Nicolás, la Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) y Greenpeace habían denunciado este caso de contaminación en las últimas semanas.

Las muestras analizadas detectaron niveles elevados de glifosato, AMPA, atrazina, metolacloro, imazetapir y sustancias expresamente prohibidas por orden judicial, como el clorpirifos, entre otros herbicidas de uso agrícola. También se hallaron compuestos altamente contaminantes, como fenoles, sustancias solubles en éter etílico (SSEE) y sustancias activadas al azul de metileno (SAAM). Además, se identificaron metales pesados como arsénico, plomo, cromo, selenio, manganeso y zinc en el líquido vertido por la empresa, que no contaba con autorización para el vuelco de efluentes industriales, sino únicamente para efluentes cloacales. Varias de las sustancias detectadas se encuentran por sobre los parámetros legales de la resolución 336 de ADA y de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N.º 24.051.

“Al momento de la inspección, Atanor afirmó que no hubo contaminación. Sin embargo, en los análisis de laboratorio se detectaron agroquímicos y metales pesados. Este hecho de contaminación es un ejemplo más de los reiterados que vecinos y organizaciones denunciamos”, aseguró Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina

“El vuelco clandestino que protagonizó Atanor no fue un incidente menor y excepcional: fue una acción deliberada para desviar efluentes industriales contaminantes a través de un sistema que no estaba autorizado. Intentan justificarlo como si fuera agua de lluvia, pero los análisis demostraron que contenía metales pesados, herbicidas y fenoles. Esto es desobediencia judicial, es contaminación, y debe tener consecuencias penales y administrativas claras. No puede haber más impunidad para esta empresa.”, señaló Fabián Maggi, abogado representante de vecinos de San Nicolás.

La Autoridad del Agua concluyó que el líquido vertido tenía “características industriales”, y dictó la una resolución que ordena la clausura preventiva del establecimiento en un plazo de 24 horas, el cegado de la salida del ducto industrial, la disposición del líquido contaminante por parte de terceros autorizados y la presentación de un cronograma para desmantelar la planta de tratamiento y la laguna de contingencia, en cumplimiento del marco legal ambiental vigente.

Producto de esta denuncia y de la presión de los vecinos, la empresa anunció públicamente que iniciará un proceso de relocalización de su operación productiva. Sin embargo, Atanor ya adelantó que mantendrá en el predio un centro logístico de distribución para productos formulados en Pilar, lo que implica que seguirán almacenando compuestos peligrosos en una zona que ha sido clausurada por contaminación.

Sobre este particular, Maggi expresó: “La relocalización de la planta figuraba como uno de los reclamos centrales en nuestra demanda judicial, que aún estaba en análisis y pendiente de resolución. Ahora la empresa acorralada y con la necesidad de correr el foco de atención para no hablar del grave hecho de contaminación anuncia su traslado. Sin embargo, antes debe hacerse cargo del enorme pasivo ambiental que generó en la región. Además, no vamos a aceptar que en ese lugar se instale un polo logístico de agrotóxicos como anunciaron, dado que es criminal acopiar esas sustancias junto a un barrio densamente poblado y frente a una escuela. Seguiremos con las acciones judiciales para evitarlo”.

Rossi Serra sostuvo: “Aunque la empresa intenta presentar su traslado como una solución, la relocalización de la producción no implica el cierre total del predio ni garantiza el fin del riesgo ambiental: se traslada el mismo modelo de contaminación e impunidad a otra localidad mientras se mantiene en San Nicolás un sitio contaminado, con residuos industriales y sustancias tóxicas aún presentes.”