Salta: un freno al desmonte ilegal

En el norte argentino se concentra el 80% de la deforestación del país. En el caso de Salta, ya fueron deforestadas 174.024 hectáreas de bosques protegidos entre 1998 y 2017, aproximadamente 30 veces la capital de la provincia. Desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007, la mitad de los desmontes fueron ilegales.

En este contexto de emergencia forestal, el gobierno de Juan Manuel Urtubey autorizó a los dueños de 32 fincas a deforestar, a pesar de ser bosques protegidos por ley, hogar del pueblo wichi y hábitat de especies como el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero.

Luego de nuestra campaña y el apoyo de medio millón de personas, el Ministerio de Ambiente de la Nación declaró ilegales los permisos otorgados por la provincia. Debido a esto, Salta dictó una resolución para suspender los desmontes y obligaba a la reforestar los bosques arrasados. Pese a estas medidas, comprobamos mediante imágenes satelitales que la deforestación continuó.

Alejandro Braun Peña (primo del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, e integrante del directorio de empresas de la familia Macri) desmontó 550 hectáreas en la estancia Cuchuy.
Pedro Cignetti (empresario puntano) destruyó 540 hectáreas en la estancia Los Pozos.
Bruno Varela Marín (empresario uruguayo) arrasó 200 hectáreas en la estancia La Peregrina.

Finalmente, en noviembre de 2018, el gobierno de Salta ordenó la reforestación de las hectáreas destruidas y multó a los dueños de las estancias. Cada uno de ellos tendrá que pagar entre 2 y 3 millones de pesos. Esta medida inédita sienta un precedente para quienes piensan que arrasar bosques es un acto sin consecuencias. Junto a las más de 500 mil personas que se sumaron a nuestra campaña, logramos ponerle un freno al desmonte ilegal.

Destruir bosques es un crimen, y cumplir con la Ley de Bosques debe ser la norma y no una excepción. Desde Greenpeace reclamamos al gobierno salteño que le ponga fin de manera definitiva a la fiesta del desmonte.