Toda historia tiene un inicio. Por ejemplo, en Argentina, el combo de semillas transgénicas y aplicación de agroquímicos -vendidos cual fórmula mágica para producir “alimentos” de manera más rápida y eficaz- comenzó en 1996, cuando se aprobó su ingreso al país. De hecho, fue el primero de América del Sur en autorizar el uso de transgénicos.
En ese momento, se promocionó como una “revolución verde” que sólo traería beneficios. A nadie le llamó la atención que los estudios que declaraban que eran inofensivos para el ambiente y las personas fueran financiados por las propias empresas que los vendían.
Así se dio esta nueva etapa en la agricultura, sin que hubiera ni una investigación pública ni independiente que investigara posibles riesgos de la utilización de herbicidas. Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que el nuevo rumbo productivo, el mismo que prometía terminar con el hambre del mundo, empezara a mostrar sus sombras.
Un modelo productivo con más sombras que luces
Cerca de cumplirse casi tres décadas de la implementación de este combo transgénicos/agroquímicos en Argentina, el balance demuestra que no sólo no erradicó el hambre del mundo sino que las consecuencias severas en la salud de miles de personas que habitan cerca de los campos fumigados y de las fábricas donde se producen los químicos son irreversibles.
Al mismo tiempo, el impacto en la biodiversidad, la salud de los suelos y la contaminación de los cursos de agua donde se produce o aplica este “paquete tecnológico” indican que algo anda mal. Muy mal.
Un ejemplo que ilustra la gravedad de la situación puede ser el del herbicida llamado atrazina, uno de los agroquímicos más usados en el país, a pesar de que en la Unión Europea y más de 40 naciones su utilización está prohibida debido a su toxicidad.
La empresa Atanor -ubicada en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires- es una de sus principales productoras y opera en las cercanías del ejido urbano. Desde Greenpeace venimos advirtiendo del riesgo que esto implica desde 1998 ante los oídos sordos de las autoridades.
El 20 de marzo de este año una explosión en la planta llevó a la dispersión de atrazina en el ambiente, haciendo peligrar la salud del barrio lindero. La realidad demostró, una vez más, que el riesgo es real.
Lo lamentable es que lo que ocurre en San Nicolás no es un caso aislado sino que puede trasladarse a distintos puntos del país en los que esta forma de practicar la agricultura se transformó en una trampa que envenena.
Agroquímicos hasta en el agua
A esto hay que sumarle la confirmación de que el agua está contaminada por agroquímicos. “Hay demasiadas pruebas del terrible impacto que genera esta empresa en la comunidad”, sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de tóxicos.
En definitiva, albergar a Atanor tiene otro costo muy alto: el agua potable. San Nicolás abastece a sus habitantes gracias al acuífero Puelche y al Río Paraná. Hoy se sabe que ambos están contaminados por el accionar irresponsable de la compañía.
Hace tiempo, la Justicia determinó que la empresa hizo un daño irreparable al Río Paraná, por efectuar actividades ilegales al no contar con las habilitaciones necesarias y por exponer a la población a riesgos. Ahora, la autoridad de la provincia demostró que es responsable también en la contaminación del acuífero Puelche. Por lo tanto, ¿es potable el agua que consumen los vecinos?
En este capítulo de “Atanor: el vecino tóxico” podés enterarte de todos los detalles:
“A pesar de todo, continúa la sordera a más de 20 años de reclamos de vecinos/as y trabajadores. Un mapa plagado de cruces, realizado por los vecinos, señala las más de 200 personas fallecidas en las manzanas aledañas a la fábrica; cáncer de distinto tipo, afectaciones renales, de piel, y angustia por las pérdidas que se multiplica, es el saldo en contra de una industria que se sostiene por la falta de controles y el rendimiento agropecuario mal ejercido”, describió Leonel Mingo.
Si este tema te interesó, podés ver los 4 episodios de “Atanor: el vecino tóxico” en YouTube y seguir este grave problema.
Un problema de larga data: una investigación de 2011 denunció la contaminación del Paraná por primera vez
Sumamos un último dato para que se entienda que los agroquímicos son un problema que no reconoce fronteras provinciales y que, además, viene contaminando hace tiempo.
La primera vez que se realizó una investigación para monitorear el estado de las aguas de la cuenca del Paraná fue en los años 2011-2012. Según relata el periodista Patricio Eleisegui en “Agrotóxico. Argentina como laboratorio a cielo abierto para el control de la alimentación mundial” publicado en 2019 por la Editorial Sudestada:
Los resultados fueron publicados en la revista internacional Environmental Monitoring and Assesmetnt y mostraron que el Paraná recibe una carga contaminante de sus afluentes sobre todo en las zonas donde se realiza agricultura intensiva mediante la fórmula que combina semillas transgénicas, agroquímicos y siembra directa.
Ya entonces el equipo de científicos de Conicet y la Universidad de La Plata, entre los que se contaban Damián Marino y Alicia Ronco, detectó también una fuerte carga de glifosato y AMPA en canales y arroyos del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Buena parte de la incorporación del plaguicida a las aguas surge del escurrido de las lluvias que caen sobre los campos productivos.
Es decir, sea a través del accionar de empresas o por la aplicación en campos, vivimos entre el veneno y eso nos pone en peligro. Es tiempo de actuar ✊.
