28 de diciembre de 2021: Hoy, el Tribunal Superior de Grahamstown en Makhanda ordenó a Shell que detuviera inmediatamente las exploraciones sísmicas que estaba llevando a cabo a lo largo de la Costa Salvaje de Sudáfrica y a su vez exigió a Shell y al Ministro de Recursos Minerales y Energía que pagaran los costos legales.
Este acción legal había sido iniciada por las comunidades originarias costeras afectadas y apoyadas por organizaciones de la sociedad civil contra Shell. Fue hecha por daño irreparable que genera esta actividad en la vida marina, y el impacto negativo resultante en el sustento de los pescadores y también por los daños culturales y espirituales para estas comunidades originarias que tienen una especial conexión con el océano y es parte de sus más profundos valores culturales.
Shell tenía el deber de consultar de manera efectiva a las comunidades y a las personas que se verían afectadas por las operaciones petroleras y, con base en la evidencia, la petrolera fracasó en el caso de aquellas comunidades solicitantes que no solo poseen derechos consuetudinarios (incluidos los derechos de pesca) sino que también mantienen una conexión espiritual y cultural especial con el océano.
Por eso, el juez determinó que el derecho de exploración, que se otorgó sobre la base de un proceso de consulta “sustancialmente defectuoso”, era, por lo tanto, “ilegal e inválido”. El derecho de los demandantes a una consulta significativa constituye un derecho prima facie que merece ser protegido mediante un interdicto provisional.
Las denuncias de la comunidad se basaron en daños culturales y espirituales, la amenaza de daño a la vida marina y el impacto negativo en los medios de vida de los pescadores, derivado del daño a la vida marina. En su declaración jurada, Shell decidió no abordar el aspecto relacionado con la amenaza de daño a las creencias culturales y espirituales de las comunidades solicitantes, por lo que las alegaciones de los solicitantes a ese respecto son indiscutibles.
Los demandantes también proporcionaron una gran cantidad de evidencia pericial sobre la amenaza de daño a la vida marina y esta evidencia establece que, sin la intervención del tribunal, existe una amenaza real de que la vida marina se vería irreparablemente dañada por el estudio sísmico.
Las pruebas sísmicas implican volar el lecho marino con pistolas de aire comprimido de alta potencia. Estas explosiones perturban, dañan y matan la vida en los océanos. Como humanos, podemos compararlo con explosivos que se detonan cada 10 segundos. El impacto ambiental sobre el ecosistema marino es inmenso. El sonido de estas explosiones se transmite por kilómetros.
Muchas especies utilizan el eco o el sonido para guiarse o comunicarse con otras, como las ballenas y los delfines. Pero con explosiones que se disparan continuamente cada 10 segundos se desorientan y pueden terminar varados o muertos en las costas. Además también debemos tener en cuenta las especies marinas más pequeñas (zooplancton, krill etc) y el impacto que estas explosiones tendrán en ellas.
Esta victoria sienta un importante precedente, en primer lugar por el rechazo de una actividad destructiva por la priorización de los derechos de las comunidades afectadas por sobre los corporativos. En segundo lugar, por la protección de los ecosistemas marinos y costeros, la protección de valores ancestrales y culturales por sobre las ganancias de las compañías petroleras. Un hito histórico en la lucha de las comunidades en la defensa de sus derechos y del océano como parte de su cultura y sustento.
Está claro que no hay manera de llevar a cabo la exploración y explotación petrolera offshore sin que genere impactos irreversibles para los ecosistemas marinos, su biodiversidad, las costas, las playas y los principales medios de vida de las comunidades costeras. Y son cada vez más los países que le están poniendo un freno a esta actividad destructiva con argumentos de protección del océanos, sus ecosistemas y los derechos de las comunidades costeras.
En un contexto de emergencia climática es un sinsentido que la Argentina apueste por ampliar la explotación de combustibles fósiles que contribuyen al cambio climático.
