Por Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina
Con esa pregunta, el gobernador Gustavo Adolfo Ruperto Saenz, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en el cual propone habilitar desmontes en zonas que antes se hallaban protegidas por la Ley.
De esta manera arbitraria, pretende dotar de impunidad a los desmontadores para avanzar sobre setecientas mil hectáreas de bosques, cuya ubicación real, no se define en el camaleónico mapa propuesto.
El nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, permitirá el desmonte de 700.000 hectáreas, una superficie excesiva teniendo en cuenta la alta deforestación que viene teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Con esta propuesta el gobernador Saénz ignora este compromiso y que la Unión Europea (UE) busca evitar la comercialización de productos provenientes de zonas deforestadas. En medio de una crisis climática y de biodiversidad, pretende que se pueda desmontar “legalmente” 100.000 ha por año.
La zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental ya que permite, en algunos casos, el desmonte en zonas actualmente clasificadas en las Categorías I – rojo y II – amarillo, algo prohibido por la normativa nacional. Se trata de una zonificación transitoria o flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, porque no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales. Tengamos presente que las audiencias públicas han continuado llevándose a cabo y que si bien no están autorizados los proyectos, implican un primer paso para cambio de uso de suelo .
Según datos oficiales, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas.
Esta propuesta de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques, además de ser ilegal, promueve la fragmentación de los bosques al no garantizar áreas boscosas continuas, lo que pone en riesgo el funcionamiento del ecosistema forestal y la supervivencia de grandes mamíferos, como el yaguareté, especie por la cual la provincia se encuentra demandada por Greenpeace ante la Suprema Corte de Justicia. Del yaguareté, existe un mapa de áreas prioritarias a conservar, POCY -Paisaje Optimo para la Conservación del Yaguareté-, en la región chaqueña, presentado este año por los expertos con el fin de ser tenido en cuenta en los ordenamientos, con mirada regional, lo cual no ha sucedido.
La Ley Nacional 26,331 destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. Por ello, resulta fundamental concluir el relevamiento territorial de comunidades indígenas establecido por la Ley 26.160.. En Salta, como en la mayoría de las provincias, dicho relevamiento, que debe realizar el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no fue concluido.
Se trata de información indispensable para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. No se realizaron talleres en sus territorios y en su idioma originario, requisito para cumplir con la consulta libre, previa e informada establecida en tratados internacionales firmados por Argentina.
En Salta, hay comunidades indígenas, cuya supervivencia, se desarrolla en el monte, siendo los más desposeídos . Muchas de estas comunidades, tienen su sustento, cultura y espiritualidad ligados al monte, son los poseedores originarios, lo mismo que los pequeños productores y son invisibilizados al momento de avanzar con la “producción dominante”. Conocemos lo que decimos, porque estamos del lado de la justicia, la paz y el respeto. En Salta, hay pueblos como los Weenayek, que no han sido reconocidos por el gobierno y como muchos otros, sus vidas coinciden con la de los últimos relictos de bosques, hoy amenazados.
La grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos nos obliga a poner fin a los desmontes y promover el manejo sustentable y la restauración de los bosques nativos, respetando los derechos y territorios de las comunidades indígenas.
La Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad.
Cuando ahí se dice sociedad, sociedad, entendemos somos todos. La Ley de Bosques, sirve para asegurar nuestra propia subsistencia, y para evitar la impunidad de los crímenes forestales, no para buscar la vuelta de validarlos.
Nuestros bosques, son mucho más que árboles. Estuvimos para lograr esta ley, estaremos para defenderla. Por un futuro con cero deforestación.
Un monitoreo satelital de Greenpeace demostró que Chaco, por el avance de la producción agropecuaria, es la provincia con más pérdidas de bosques nativos.
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