Este 2 de marzo se cumplieron tres años del asesinato de Berta Cáceres y del intento de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro.
Aunque en noviembre del año pasado un tribunal hondureño declaró culpables a los autores materiales del crimen (varios sicarios, un oficial militar hondureño y ex empleados de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos S.A.), los que dieron la orden de disparar todavía no han sido identificados ni llevados a juicio.
Por tanto, este es un día para seguir clamando justicia para Berta. Y para recordar todo el legado que dejó. Su familia y sus compañeras del COPINH siguen sonriendo. No les han podido arrebatar la alegría y proclaman que Berta no murió, se multiplicó.
Los que dieron la orden de matar a Berta quisieron acallar su voz, pero hoy el mensaje y la alegría de Berta resuena en muchos lugares del planeta y martillea las puertas de las familias oligarcas de Honduras, a quienes las instituciones internacionales de defensa de los derechos humanos dirigen ahora la mirada. Estos poderosos tienen razón para estar preocupados.
Desde Greenpeace solo podemos reiterar nuestro apoyo a la lucha de su familia, sus abogados y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El primer juicio se ha visto empañado desde el principio por irregularidades procesales. La falta de transparencia, la exclusión de la familia y las compañeras de Berta y la atención insuficiente de los medios de comunicación han empañado lo que debería haber sido un mensaje inequívoco para las empresas y los gobiernos que amenazan a los activistas ambientales.
El juicio que se está llevando a cabo ahora contra un alto directivo de la empresa constructora es un paso adelante, pero insuficiente a la hora de identificar a los autores intelectuales. No queremos veredictos que solo condenen a quienes apretaron el gatillo, a quienes recibieron la orden de matar, permitiendo que los arquitectos del asesinato de Berta permanezcan libres.
En este día, también hay que recordar que en todos los rincones del mundo, las empresas y los gobiernos utilizan a diario la violencia y la intimidación para silenciar a quienes usan sus voces para luchar por el medio ambiente y los derechos humanos. Según Global Witness, al menos 207 personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en 2017, en comparación con 201 en 2016 y 154 en 2015. La cifra real es probablemente mucho mayor debido a la cantidad de muertes que no han sido registradas. Muchas de estas personas son, como Berta, mujeres indígenas.
En palabras de Laura Zúñiga, hija de Berta, “vamos a seguir porque Berta Cáceres se lo merece, porque el pueblo lenca se lo merece, porque nos siguen persiguiendo aún ahora, porque esta estructura criminal que atentó contra Berta Cáceres sigue activa y eso también lo vamos a denunciar.”
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