• La protección de cultivos originarios de México es una deuda histórica: especialistas
  • La falta de una regulación adecuada ante transgénicos viola el derecho a la salud, al medio ambiente sano, la biodiversidad y la alimentación de las y los mexicanos.

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2019.- Greenpeace presentó hoy el documento Los transgénicos en México. 20 años de resistencia y lucha, con el propósito de reflexionar y mejorar, a partir de la detección de la presencia ilegal de organismos geneticamente modificados (OGM), los mecanismos de bioseguridad en el país, dados los posibles impactos agronómico, ambiental, social y biocultural que tendrían en un país megadiverso como México.

En conferencia de prensa, representantes de Greenpeace y aliados de distintos sectores sociales destacaron la deuda histórica que significa la protección de los cultivos originarios de México (como el maíz, el algodón, el frijol, la calabaza, el chile, el aguacate y el amaranto, entre otros) y señalaron que con la presencia de cultivos transgénicos se violan los derechos a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, entre otros, además de que se pone en riesgo la biodiversidad de México.

“(El documento) es un trabajo indispensable para comprender la información que tendremos en los próximos 20 años sobre las consecuencias económicas, ecológicas y evolutivas de la liberación de los cultivos genéticamente modificados”, explicó Ana Wegier, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, experta en diversidad genética y conservación de algodón en México. “Integra la historia y percepción social excluidas de los análisis de OGM, mostrando su importancia en la conservación de los recursos”.

En representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) el Ing. Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, hizo llegar el siguiente mensaje a propósito del documento presentado: “El gobierno de México, en esta Cuarta Transformación, busca rescatar el campo y tiene como prioridad la autosuficiencia alimentaria de manera sustentable”. “Esto es con una distribución justa de beneficios e incorporando prácticas amigables con el medio ambiente. Así cuidamos nuestro entorno ecológico y nuestras semillas nativas, y también la salud de los consumidores, incluidos los propios productores del campo. Por tanto, rechazamos de forma enérgica los transgénicos”, expresó el funcionario.

La Mtra. Cristina Barros, defensora de la cocina tradicional mexicana y activista social en defensa del maíz nativo, destacó el papel del maíz y otros cultivos nativos en la cocina tradicional mexicana, reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

“Hace miles de años se domesticaron en Mesoamérica plantas que son base de nuestra alimentación. Parece que no valoramos esta herencia, pues no hemos generado ni las leyes ni la políticas públicas que permitan su cuidado y defensa. Este documento es una invitación a la reflexión y a la acción. Es indispensable defender nuestras semillas de la privatización, al igual que la biodiversidad de nuestras las plantas básicas, para tener control sobre nuestros alimentos ahora y en el futuro”, explicó Barros.

Con esto coincidió María Colín, campañista legal de Greenpeace México. “El acto de resistencia más importante es el que se da cada vez que las y los campesinos mexicanos guardan, preservan, intercambian y reutilizan sus semillas, manteniendo y reproduciendo la agrobiodiversidad, garantizando la soberanía alimentaria para muchas familias mexicanas, mediante la adopción de prácticas de agricultura ecológica que garantizan alimentos sanos y sustentables”, señaló.

En tanto, David Greenwood-Sánchez, investigador doctoral en Ciencia Política por la Universidad de Wisconsin-Madison, destacó la injerencia de la iniciativa privada en los 20 años de transgénicos en México documentados en el documento.

“Al examinar la historia de los transgénicos en México, se observa que el modelo de regulación fue desarrollado, en gran parte, por unas pocas empresas transnacionales. Ahora más que nunca es evidente que los mexicanos quieren un nuevo modelo que promueva otra clase de intereses, particularmente la alimentación saludable, la biodiversidad y los derechos de los campesinos y pueblos indígenas”, dijo.

En la conferencia de prensa realizada este miércoles 06 de noviembre en la Ciudad de México, María Colín ofreció un resumen del contenido de este documento, cuyo punto de partida es el momento en que activistas de Greenpeace encontraron maíz transgénico en el Puerto de Veracruz, en 1999, en embarques provenientes de Estados Unidos.

Resumen

El Capítulo 1 narra los debates que surgen a partir de 1999 y hasta dos años después, la  evidencia de contaminación transgénica en cultivos de maíz nativo en la Sierra Norte de Oaxaca generada por las investigaciones de David Quist e Ignacio Chapela, considerado el primer escándalo mundial de flujo de transgenes en un cultivo vital para la alimentación.

El Capítulo 2 detalla el proceso de construcción de un marco de bioseguridad entre 1999 y 2004, fecha en que se termina el debate legislativo de la Ley de Bioseguridad de los OGM, generando una infraestructura estatal que pudiese considerar no sólo los riesgos que éstos conllevan en el sector agricola sino también a la salud, al medio ambiente, la biodiversidad, entre otros. 

El Capítulo 3 narra cómo el trabajo legislativo dio lugar a un régimen defectuoso y beneficioso para las empresas agrotransnacionales, que conllevó el mote de “Ley Monsanto” a una regulación centrada en la expedición de permisos para la liberación escalonada de OGM cubriendo tres etapas: experimental, programa piloto y la liberación comercial al ambiente, prestando poca atención a la situación de México como centro de origen y diversificación del maíz.

El Capítulo 4 describe el escenario que se crea a partir de 2011, cuando una serie de reformas legislativas en materia de derechos humanos fortalece las vías legales para la defensa de la ciudadanía ante la inminente liberación de cultivos genéticamente modificados. Se ilustra la lucha de los apicultores mayas y los comercializadores de miel en los estados de Yucatán y Campeche contra el permiso otorgado a Monsanto en 2012 para la siembra comercial de soya GM por sus impactos ambientales, económicos, sociales y culturales en la región, así como la acción colectiva emprendida en 2013 por la “Colectividad del maiz” — conformada por 53 individuos en representación de 20 organizaciones, investigadores y campesinos — contra las primeras solicitudes recibidas en 2012 para la liberación de maíz transgénico en etapa comercial por parte de Monsanto, Dow Agrosciences y Pioneer para cultivarlo en casi 2 millones y medio de hectáreas en Tamaulipas y Sinaloa.

El Capítulo 5 relata las diversas luchas luchas y resistencia de los agricultores, comunidades indígenas, grupos de la sociedad civil y redes de activistas contra los transgénicos, esforzados en conseguir que las políticas estatales diseñadas para regular los cultivos GM cuenten con el consentimiento de la gente, en atención al interés público por sobre los intereses de las empresas agrotrasnacionales. 

Finalmente, el Capítulo 6 reflexiona acerca de las evidencias actuales de contaminación de maíz y algodón en sus centros de origen y diversificación, el desconocimiento acerca de los mecanismos de contaminación y las fallas estructurales de la LBOGM, que en su diseño actual no toma medidas correctivas contra la contaminación transgénica, aunque sí restringe la capacidad de los estados, las regiones y las municipalidades de declararse como zonas libres de transgénicos y excluye la participación de las comunidades indígenas y  locales, pasando por alto cualquier consideración de tipo social, económica y cultural. Las actuales suspensiones a los permisos de liberación de maíz y soya genéticamente modificados son producto de las luchas sociales que han confrontado y desafiado al Estado mexicano mediante herramientas legales y de otro tipo, sin embargo se trata de victorias expuestas a violaciones e incumplimiento de la ley por agentes del Estado o particulares que, para sostenerse a largo plazo, deben complementarse con esfuerzos en áreas distintas, particularmente con un rescate biocultural, con apoyos a los campesinos, además de modificar la LBOGM para prohibir, de una vez por todas, la posibilidad de introducir y sembrar maíz genéticamente modificado, así como otros cultivos nativos, en su centro de origen y de diversificación.

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