Hoy tenemos la oportunidad de hacer frente a esta crisis y reinventar nuestro estilo de vida y el modelo actual de consumo masivo hacia uno…

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Consecuencias ambientales

A finales del mes de junio del año en curso, el Senado y la Cámara de Diputados hicieron modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal, derivadas de la implementación del T-MEC. Las reformas incluyen la instauración de un mecanismo de censura en internet conocido como “notificación y retirada”, el cual implica que si una persona señala que un contenido en internet viola sus derechos de autor, los proveedores de internet deberán retirarlo sin que se requiera la aportación de pruebas o la orden de una autoridad judicial, lo que es violatorio de la libertad de expresión.

Por otra parte, las reformas también prohíben y sancionan la elusión de medidas tecnológicas de protección (candados digitales), sin establecer suficientes excepciones, lo que podría implicar el establecimiento de multas de hasta 1.7 millones de pesos y penas de hasta seis años de prisión por evadir un candado digital para inspeccionar, reparar, dar mantenimiento o modificar un aparato, vehículo o dispositivo electrónico cuando para ello se eluda un candado digital. Estas medidas fueron aprobadas de forma express, sin incluir las perspectivas de la sociedad civil y sin contemplar excepciones, existentes en Estados Unidos y permitidas por el mismo T-MEC, que de existir permitirían eludir los candados para fines como la reparación y el mantenimiento para extender la vida útil de los dispositivos. Así también, las reformas permiten a los fabricantes de tecnología imponer restricciones como el uso de piezas o consumibles fabricadas de manera independiente o limitar los establecimientos en los que las personas tienen autorizado reparar sus dispositivos electrónicos, lo cual, por ejemplo, puede comprometer legalmente a negocios de reparación.

Estas modificaciones ponen en riesgo la garantía de diversos derechos humanos, desde la libertad de expresión (artículos 6 y 7 constitucionales) y los derechos digitales (artículo 6), hasta el derecho a la educación (artículo 3º), a la alimentación (artículo 4º), a la salud y a un medio ambiente sano (artículo 4º) . De igual forma, estas reformas favorecen el modelo capitalista actual de producción y consumo masivos, basado en la explotación de la gente y la naturaleza.

Esto es así porque las modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal pueden sancionar acciones ciudadanas que se han hecho por años para alargar la vida útil de nuestros aparatos y evitar comprar nuevos productos. Esto es preocupante porque impide que las personas mantengan en uso sus aparatos electrónicos y dispositivos tecnológicos, y al contrario las fuerza a llevarlos a reparar solo con los fabricantes, concentrando el poder en las industrias. 

Además, estas reformas obligan a la ciudadanía a comprar nuevos productos, lo que puede traer afectaciones al bolsillo de la gente. En México, no todas las personas pueden cubrir los gastos relativos a comprar nuevos aparatos o a repararlos directamente con los productores, que usualmente ofrecen precios más altos. Las consecuencias pueden afectar derechos fundamentales más allá del ámbito tecnológico, ya que la imposibilidad de reparar, dar mantenimiento o renovar un aparato o dispositivo puede dejar a muchas personas sin sus medios de subsistencia, como las personas que reparan aparatos en talleres informales; o sin acceso a la educación, como en el caso de la computadora o tableta que ahora en la pandemia los y las estudiantes emplean para tomar sus clases a distancia.

Las reformas también restan a las personas la capacidad para convertirse en prosumidores activos, para transitar hacia estilos de vida más sustentables, basados en la reutilización y la reparación de lo que ya tenemos en casa, y regresa el poder a las empresas, las cuales tienen estas modificaciones legales a su favor para seguir apostando por la obsolescencia programada y continuar vendiendo productos “desechables” sin límite. Sin consideraciones ambientales ni sociales, inundando nuestro planeta con desechos de dispositivos diseñados desde su origen para tener una vida útil corta, sin poder ser reparados ni renovados, para después ser reemplazados por nuevas versiones. Un modelo que ata a la gente al sobreconsumo. De acuerdo al Global E-Waste Monitor 2020, un récord de 53.6 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos se generaron a nivel mundial en 2019, con un incremento de 21% en relación a los últimos cinco años. Esto convierte a los residuos electrónicos en la corriente de residuos domésticos que más rápido crece globalmente, debido, como ya se mencionó, a las altas tasas de consumo, aparatos con ciclos de vida cortos, y pocas opciones de reparación.   

Este problema se encuentra presente en nuestro país, donde, de acuerdo al Inventario de Residuos Electrónicos de la SEMARNAT-PNUD, se generaron un total de 1,103, 570 t de residuos de este tipo a nivel nacional en el año 2015, últimos datos disponibles. De esta cantidad, el 65.12% es material con potencial económico, mientras que el 5.99%, debido a sus componentes tóxicos, es considerado un residuo peligroso. El 28.89% restante son materiales actualmente no aprovechados, como cerámicos, fibras y otros tipos de plásticos no valorizables. Estas cifras convierten a México en el segundo generador de residuos de aparatos electrónicos en América Latina, sólo después de Brasil y con una generación de 8.2 kg de estos residuos por habitante al año.

De igual forma, el obligarnos a comprar nuevos productos cada vez que nuestros dispositivos se dañen y no puedan ser reparados, actualizados o renovados, genera impactos ambientales adicionales como: 

  • Una mayor extracción de recursos naturales para producir nuevos artículos, debido en parte al bajo uso de materiales reciclados en los dispositivos, las bajas tasas de reciclaje en el sector (sólo de alrededor del 17% en 2019) y al hecho de que los smartphones y otros dispositivos electrónicos son los más intensivos en el uso de recursos por peso. Un ejemplo de esto último es que, de acuerdo a Merchant (2017), las mineras deben excavar hasta 30 kg de roca para obtener alrededor de 100 g de minerales usados en un smartphone;
  • La alta emisión de gases de efecto invernadero desde la extracción de la materia prima, la producción, el transporte y hasta la disposición final; la dependencia en energía sucia en las cadenas de suministro y los incipientes compromisos por parte de las empresas para transitar al uso de energías renovables; y el uso intensivo de energía en la manufactura;
  • Prácticas mineras peligrosas que afectan la salud de los mineros y contaminan el agua y el suelo; Debido al incremento en la demanda y a las bajas tasas de reciclaje, las compañías mineras incluso buscan abrir nuevas minas en el suelo marino, lo cual tiene el potencial de dañar permanentemente ecosistemas oceánicos únicos y de gran biodiversidad. 
  • Uso de químicos dañinos, metales pesados y sustancias tóxicas tanto en el producto como en su manufactura (arsénico,níquel, mercurio, plomo, cadmio, berilio, cromo, bario, contaminantes orgánico-persistentes) ; liberación de tóxicos en el ambiente y daños a la salud de las y los trabajadores, y generación de basura electrónica tóxica, a partir por ejemplo del uso de PVC y retardantes de llama bromados (BDE ), que son altamente tóxicos, en las líneas de productos.

A esto se suma que la mayoría de las compañías manufactureras de electrónicos no son transparentes en cuanto a su desempeño ambiental y no comparten información sobre sus cadenas de suministro, lo que esconde su real impacto en nuestro planeta.

Así también, el obstaculizar la posibilidad de la reparación y la modificación ciudadana de los aparatos y dispositivos mantiene nuestra economía anclada en la linealidad que ha llevado a la crisis ambiental que vivimos en la actualidad (extracción de recursos naturales- producción- transportación- consumo- desecho). En lugar de permitirnos avanzar hacia esquemas más sustentables, como la economía circular, en la que se alarga la vida útil de los productos, se renueva, se repara y se reutiliza. 

Las y los legisladores mexicanos deben revertir estas reformas que generan grandes impactos sociales y ambientales, asegurar la garantía de nuestros derechos humanos, y abstenerse de apoyar intereses privados que solo buscan acrecentar sus ganancias en detrimento de las personas y del planeta.