Desde Greenpeace expresamos el rechazo rotundo y nuestra preocupación por la aprobación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la ‘Ley Bases’ que compromete al ambiente, los ecosistemas y a la salud, al permitir que grandes corporaciones extractivas de sectores como la minería y los hidrocarburos tengan acceso prioritario a los bienes comunes de la naturaleza como el agua, por sobre el uso de las personas y habilitando ganancias económicas extraordinarias a través de exenciones impositivas y jurídicas por 30 años, en detrimento de las economías locales.
Además, la normativa no impone condiciones de evaluación de impacto de los proyectos que sean aprobados y no garantiza la consulta a las poblaciones locales, pueblos indígenas y ciudadanía. Esto no se condice con la Constitución y los tratados internacionales firmados por Argentina en materia ambiental y de derecho indígena.
Ninguna inversión puede poner en riesgo el acceso al agua, la energía y otros bienes esenciales para la población ni contribuir con el deterioro del ambiente, indispensable para la vida. La aprobación de este régimen no está en línea con las regulaciones de protección ambiental vigentes tan necesarias en tiempos de crisis climática y de biodiversidad.
Continuaremos trabajando por la defensa y protección del ambiente, y expresamos nuestra preocupación por la restricción del derecho de la protesta y el enérgico rechazo al uso de la violencia. Las manifestaciones públicas son herramientas para visibilizar reclamos e interpelar a las autoridades. Cuando se amenaza, reprime o deslegitima la libertad se ve afectada la calidad de la democracia.