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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó a la Junta de Coordinación Política del Senado que legislen seis reformas necesarias para el marco jurídico de la entrada en vigor del T-MEC, del próximo primero de julio. Entre esas leyes se encuentra la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV).

¿Qué significa que se apruebe esta reforma de Ley Federal de Variedades Vegetales?

La LFVV está configurada acorde al Convenio Internacional para la protección de obtenciones vegetales (UPOV) y su aplicación e interpretación corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

México actualmente se encuentra adherido al acta UPOV 78 en la cual no se patentan variedades, la protección de variedades es “sui generis”, esto significa, que se privilegia el derecho de las y los agricultores a usar e intercambiar sus semillas y se favorece la diversidad genética. Por lo mencionado anteriormente lo más sensato sería permanecer en UPOV 78; sin embargo con esta reforma de ley nos estaríamos adhiriendo a UPOV 91, que es la versión más actualizada de UPOV, en la cual, se protegen las variedades esencialmente derivadas, ésto significa la privatización de las semillas, lo cual traerá diversas implicaciones negativas.

Apoya la economía local y el campo mexicano
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Esta nueva reforma de ley atenta contra la libertad de las campesinas y los campesinos de intercambiar semillas, porque las patenta, incluso, se extienden los derechos de las semillas patentadas a los productos que se generan y limita el uso de las semillas por parte de las y los agricultores, afectando directamente la diversidad genética.

Aprobar esta reforma de ley significaría abrirle la puerta a los transgénicos, los cuales se ha comprobado que tienen implicaciones graves en la salud como daño hepático y renal, entre otros. Además se permitiría que las empresas transnacionales, interesadas únicamente en los beneficios económicos, se apoderarán de nuestras semillas utilizándolas como simples mercancías poniendo en riesgo nuestra soberanía alimentaria.

El que se patenten las semillas a través de la LFVV implicaría también, la industrialización de la agricultura, este tipo de agricultura que es muy contaminante, que utiliza grandes cantidades de plaguicidas altamente peligrosos poniendo en riesgo nuestra salud, además, la agricultura industrial ha diezmado la agrobiodiversidad que ha sido parte de un proceso evolutivo que ha tomado miles de años en manos campesinas, y que por si fuera poco, debido al uso de combustibles fósiles, nos aleja cada vez más de nuestras metas climáticas, para evitar los efectos negativos del cambio climático.

Es importante mencionar que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nos muestra la obligatoriedad de adhesión al Acta UPOV 91, para la cual tenemos un plazo de cuatro años y lo que está en juego son nuestras semillas.

Campo de maíz
Campo de maíz © Emile Loreaux / Greenpeace

Sin embargo,  a pesar de contar con un periodo de 4 años, en la cámara de diputados ya se han dado a la tarea de dar cumplimiento con el marco jurídico del T-MEC, por lo que el  diputado Eraclio Rodríguez Gómez de Morena volvió a presentar una iniciativa, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales, misma que fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria para su revisión.

Dicha ley criminaliza la vida campesina y el intercambio de semillas, poniendo en riesgo el futuro del campo mexicano.

Rechazar la reforma de Ley Federal de Variedades Vegetales significa defender nuestra soberanía alimentaria, esta capacidad de decidir cómo nos alimentamos y cómo producimos nuestros alimentos, decisión que resulta  de suma importancia para hacerle frente a la sindemia de obesidad y sobrepeso que vivimos actualmente. Es decisión del Estado mexicano proteger los derechos humanos individuales y colectivos fundamentales que se vulneran con esta ley que son: la libre determinación de los pueblos, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano  y el derecho a la alimentación.

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